Fiscalía solicita enviar a prisión a exdirector del Área Metropolitana por presunta corrupción y millonarios sobrecostos

La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), por su presunta responsabilidad en un entramado de corrupción relacionado con contratos inflados, sobrecostos y apropiación indebida de recursos públicos.

La petición fue presentada durante una audiencia de imputación que se extendió por cerca de cuatro horas y que fue suspendida para el análisis de los elementos probatorios. La diligencia se reanudará el próximo lunes 2 de febrero, fecha en la que el juez deberá decidir si acoge la solicitud del ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades se habrían presentado en contratos firmados entre 2021 y 2023, durante la administración del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. En la investigación también fueron imputadas las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, así como el contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Juan Alberto Henao. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Los implicados enfrentan imputaciones por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Mientras que para Palacio Cardona la Fiscalía pidió detención en centro carcelario, para las exsubdirectoras solicitó medidas no privativas de la libertad. En el caso del tesorero del cuerpo bomberil no se pidió aseguramiento, debido a su disposición de colaborar con la justicia.

Durante la audiencia, la Fiscalía volvió a señalar la presunta injerencia de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, en decisiones de contratación dentro del AMVA. Según el ente acusador, Palacio habría permitido irregularidades y acatado instrucciones de terceros para el direccionamiento de contratos y el nombramiento de funcionarios clave en la entidad.

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El proceso también abordó la posibilidad de que el caso sea calificado como grupo de delincuencia organizada. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que esa solicitud se planteará en la etapa de acusación y no en la audiencia de imputación, debido a razones procesales y a la expectativa de nuevas imputaciones.

Uno de los puntos más graves del expediente tiene que ver con los presuntos sobrecostos y bienes no entregados. La Fiscalía indicó que Juan David Palacio registra posibles sobrecostos por más de $1.212 millones y bienes o servicios no entregados por cerca de $1.268 millones, lo que suma un presunto detrimento superior a los $2.480 millones. Entre los gastos cuestionados figuran recargas de telefonía móvil y servicios de transporte.

La investigación se centra en seis convenios suscritos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor total ascendió a $18.600 millones. Según la Fiscalía, en estos contratos se habría producido un desfalco cercano a los $2.400 millones.

Para sustentar la solicitud de cárcel, el ente acusador argumentó que existe riesgo de fuga, obstrucción a la justicia y reiteración delictiva. Además, señaló que el exdirector habría intentado eliminar información relevante para el proceso mediante el formateo de equipos de cómputo y la supresión de archivos.

La Procuraduría General de la Nación anunció que respalda la solicitud de la Fiscalía. El próximo 2 de febrero, el juez escuchará a las defensas y definirá si Juan David Palacio Cardona es enviado o no a prisión, en un caso que se perfila como uno de los más relevantes por presunta corrupción relacionados con la pasada administración de Medellín.

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