Señalan al Ejército de destinar fondos de conmoción en Catatumbo para publicidad, armamento y logística

El estado de conmoción interior decretado por el Gobierno Nacional el 4 de enero de 2025 en la región del Catatumbo y parte del departamento del Cesar dio paso a un amplio paquete de medidas fiscales y operativas.

Estas incluyeron nuevas fuentes de financiación y una reasignación presupuestal orientada, según el Ejecutivo, a responder al conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarcá, que ha desencadenado una emergencia humanitaria prolongada.

Desde el inicio del operativo especial, se han contabilizado más de 100.000 personas desplazadas, 130 homicidios y al menos 160 capturas, en un escenario marcado por la confrontación entre estructuras armadas ilegales y una población civil en situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, el Ejército Nacional recibió una asignación cercana a los 443.444 millones de pesos. La destinación de estos fondos, según Semana, abarcó tanto operaciones militares como adquisiciones logísticas y de carácter institucional que, en algunos casos, se apartaron del enfoque estrictamente bélico.

Entre los registros revisados por el medio, se documentaron compras por más de 1.200 millones de pesos en artículos como pocillos para café, camisetas, gorras, papelería ecológica, equipos de impresión, licencias de software, computadores portátiles enfocados en diseño gráfico y dispositivos audiovisuales.

El detalle de estas adquisiciones incluye la compra de 1.000 gorras por 15,5 millones de pesos, camisetas en igual número por 17 millones y pocillos por 10,5 millones, además de una inversión superior a los 1.217 millones en insumos logísticos de oficina, duplicadoras y equipos de cómputo.

La institución justificó la inclusión de estos productos dentro de una estrategia de fortalecimiento del vínculo con las comunidades, orientada, según voceros del Ejército, a consolidar una presencia estatal visible, accesible y pedagógica.

En palabras de uno de sus representantes: “Se busca llevar un mensaje de decirles tranquilos que su Ejército está acá”.

Este enfoque también contempló campañas de prevención contra el reclutamiento forzado, acciones de información para desmentir versiones difundidas por actores armados ilegales y la promoción de canales de atención dirigidos a víctimas.

De acuerdo con la institución, los elementos adquiridos hacen parte de un enfoque integral de estabilización que incluye no solo la defensa sino también la cohesión social.

De manera paralela, una porción significativa de los recursos se canalizó hacia la compra de equipos y armamento.

En el componente aéreo, se compraron aproximadamente 1.000 drones por 24.000 millones de pesos y ocho sistemas antidrones por 54.000 millones.

En la línea de protección y ofensiva, el Ejército invirtió 140.000 millones en armamento, munición, kits de blindaje y drones de vigilancia.

Lea también: (Petro: “Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto” tras ataque del ELN en Tibú)

Las partidas para sostenimiento incluyeron 136.000 millones en blindaje de helicópteros Black Hawk, mantenimiento de aeronaves, uniformes y materias primas.

En cuanto a la capacidad operativa terrestre, se adquirieron 2.542 fusiles ACE 5.56, por 24.000 millones de pesos, y se gestionó la compra de 8,6 millones de municiones del mismo calibre, con un valor superior a los 25.000 millones.

El componente de movimiento y maniobra sumó 77.000 millones, mientras que el de mando y control contó con 60.000 millones, dirigidos a la compra de camionetas, tractocamiones, ambulancias medicalizadas y una casa prefabricada para recibir y atender a desmovilizados.

El gasto en inteligencia y recompensas fue agrupado dentro del rubro de gastos reservados, que ascendió a 11.000 millones.

Las comunicaciones internas y de campo se fortalecieron mediante una inversión de más de 24.000 millones en radios de transmisión para los pelotones activos.

Además, ante el deterioro de parte de la flota aérea del Ejército, se recurrió al alquiler de helicópteros tipo MI-17, operación que comprendió 475 horas de vuelo con contratistas privados por un valor superior a los 20.000 millones de pesos.

La institución castrense defendió la legalidad de las contrataciones y señaló que los fondos se ejecutaron conforme a la normativa vigente, como parte del Plan Operacional Catatumbo, cuyo primer año de implementación se cerró con la ejecución total de los contratos previstos.

La línea argumentativa del Ejército sostiene que estas adquisiciones obedecen a una estrategia doctrinal y operativa con enfoque territorial, orientada a contener el avance de estructuras ilegales y reforzar la legitimidad del Estado en áreas con presencia limitada de instituciones.

Por otra parte, el componente financiero de esta intervención especial incluyó medidas fiscales excepcionales, impulsadas por el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de generar recursos directos para afrontar la crisis en Catatumbo.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra la creación de un impuesto del 1% para las actividades de extracción de hidrocarburos y carbón en esa región, así como un incremento del 1% en el impuesto de timbre nacional sobre ciertos actos jurídicos.

Adicionalmente, se aplicó un IVA del 19% a los juegos de azar en línea, tanto en plataformas nacionales como extranjeras.

Otras noticias