Polémica en Tolemaida por apuestas entre presuntos uniformados para matar a un gato

La base militar de Tolemaida, en el departamento del Tolima, está en el centro de una fuerte controversia tras la publicación de capturas de pantalla en redes sociales que revelarían apuestas entre presuntos uniformados para matar a un gato que circula por el recinto. La denuncia fue realizada el jueves 27 de noviembre por la senadora Andrea Padilla, quien difundió imágenes de un chat de WhatsApp en las que algunos participantes comparten fotos del animal, describen agresiones y fijan una recompensa por su muerte.

En las conversaciones divulgadas, uno de los involucrados asegura haber pateado al gato para arrojarlo de una silla, mientras otro ofrece 50.000 pesos a quien se atreva a matarlo. Las imágenes muestran al felino sobre un pupitre azul y con un collar verde, lo que sugiere que alguien dentro de la base estaría brindándole cuidados.

Padilla señaló que una mujer, presuntamente vinculada al interior del complejo militar, intenta resguardar al animal pero teme represalias, ya que habría recibido amenazas tras reportar el caso. La congresista instó a etiquetar a las unidades del Ejército y de las Fuerzas Militares para exigir una respuesta institucional.

Entre las organizaciones que se han pronunciado está la Fundación Protección Animal Mi Mejor Amigo. Su directora, Vivian Nieto, afirmó que está dispuesta a recibir al gato y garantizar su atención. Sin embargo, indicó que la mujer que denunció inicialmente dejó de responder a los mensajes, por lo que persiste la incertidumbre sobre el estado y paradero del animal.

La situación ha despertado indignación entre defensores de animales, quienes reclaman una investigación interna que permita identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades militares no han emitido un pronunciamiento oficial.

Lea también: (Policía desarticuló dos clanes familiares de narcotráfico en Bogotá)

De comprobarse actos de maltrato, la ley 2455 de 2025 contempla penas entre 20 y 42 meses de prisión, así como inhabilidad de hasta tres años y multas de 15 a 30 salarios mínimos en casos de lesiones graves a animales domésticos o silvestres. Si el responsable es servidor público, la sanción aumenta hasta la mitad o tres cuartas partes adicionales. Cuando el maltrato causa la muerte, las penas escalan a entre 32 y 56 meses, con inhabilidades de dos a cinco años y multas de 30 a 60 salarios mínimos.

La indignación no solo se limitó a este caso. En Funza, Cundinamarca, ciudadanos y colectivos animalistas convocaron a una velatón para exigir esclarecimiento tras la muerte de Zeus, un perro que, según testigos y sus dueños, recibió un disparo de un uniformado el martes 25 de noviembre en el sector Mambo. La alcaldesa Jeimy Villamil reclamó transparencia y justicia, subrayando que la comunidad se siente profundamente afectada por el hecho.

Las denuncias han reavivado el debate sobre la conducta de miembros de la fuerza pública frente a animales y la necesidad de protocolos estrictos para evitar situaciones de abuso. Mientras tanto, organizaciones de protección animal insisten en que estos casos no pueden quedar impunes.

Otras noticias