Lanzaron granada contra camioneta del director regional del Inpec en Cali

La ciudad de Cali vivió en la noche del miércoles 24 de septiembre un nuevo episodio de violencia ligado al sistema penitenciario. Hacia las 10:30 p. m., una granada fue detonada contra la camioneta oficial del director regional del Inpec, Guillermo Andrés González Andrade, cuando el vehículo se encontraba estacionado dentro de la sede de la institución, en el norte de la capital del Valle del Cauca.

El artefacto explosivo, lanzado dentro del complejo administrativo, produjo una fuerte detonación que se escuchó a varias cuadras a la redonda. Aunque el ataque no dejó víctimas, sí causó daños significativos en el automotor asignado al funcionario por la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como afectaciones materiales en la zona de impacto. González no se encontraba en el lugar al momento del atentado, ya que permanecía en su residencia, lo que evitó consecuencias mayores.

Las investigaciones iniciales apuntan a que el atentado estaría relacionado con los recientes operativos de traslado de internos en la cárcel de Villahermosa, donde el Inpec ha adelantado cambios de patios y reubicaciones que afectan los intereses de organizaciones criminales con fuerte control en ese penal. Estas medidas han generado resistencia y amenazas contra directivos de la institución.

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Otra línea de investigación considera que el ataque podría vincularse con la confrontación entre bandas delincuenciales que operan en Cali, identificadas con los alias de “Chinga Pipe” y “Dimax”. Estas estructuras han sido señaladas de protagonizar hechos violentos recientes, como la explosión de una granada en la fachada de Villahermosa, un ataque armado en el barrio El Retiro y una masacre de tres personas en el corregimiento La Buitrera.

La detonación generó pánico entre los habitantes de barrios aledaños, quienes reportaron a través de redes sociales la magnitud de la explosión. Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el uso de este tipo de artefactos en zonas urbanas, ya que representan un alto riesgo para la población civil.

Tras el ataque, unidades especializadas de la Policía Metropolitana de Cali acordonaron el área para adelantar las labores de verificación y recolección de pruebas. La Fiscalía también abrió una investigación para esclarecer si se trató de una retaliación directa contra el director regional del Inpec o de una acción intimidatoria en el marco de la disputa entre organizaciones criminales.

Las autoridades locales insistieron en que se reforzará la seguridad alrededor de los funcionarios penitenciarios y de las instalaciones del Inpec, mientras avanza la investigación para identificar a los responsables.

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