Gobierno lanza plan de choque tras atentados contra funcionarios del Inpec

El Gobierno colombiano anunció un plan de choque institucional para responder a la reciente ola de atentados contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La medida busca fortalecer la seguridad en los entornos carcelarios y garantizar la protección de los dragoneantes, tras una serie de ataques armados registrados en los últimos días.

Durante una reunión celebrada el domingo 5 de octubre, los ministerios de Justicia y Defensa, junto con otros altos funcionarios del Estado, presentaron una estrategia que contempla recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.

El plan también prevé la creación de un grupo especial de investigación, integrado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el propósito de acelerar el esclarecimiento de los hechos y la judicialización de los implicados.

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Entre las medidas adicionales, se anunció el reforzamiento del aseguramiento perimetral en las cárceles, la implementación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar el control interno y el incremento de la presencia y protección de los custodios en los centros penitenciarios.

Las autoridades recalcaron que su prioridad es proteger la vida de los funcionarios penitenciarios y mantener la integridad institucional frente a las amenazas de los grupos criminales. También reiteraron su compromiso de no ceder ante la violencia ni permitir que el accionar de los delincuentes afecte el funcionamiento de la justicia.

El Ministerio de Justicia anunció, además, que adoptará medidas para evitar que decisiones judiciales arbitrarias obstaculicen las investigaciones y favorezcan la impunidad.

Finalmente, las organizaciones señaladas como responsables de los ataques fueron declaradas objetivo de alto valor, lo que implica que su persecución y desarticulación serán una prioridad para las autoridades. Con esta estrategia, el Gobierno busca reafirmar su determinación de proteger a sus funcionarios y garantizar la vigencia del orden constitucional en el sistema penitenciario.

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