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Exigen a la CAR rigor técnico en prórroga de concesión de agua a Coca-Cola en La Calera
Procuraduría pidió estudios hidrogeológicos independientes y decisiones coherentes y sustentadas en derecho sobre el uso de aguas subterráneas.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) mayor rigor técnico y legal en el proceso de prórroga de la concesión de aguas subterráneas otorgada a la empresa Indega S.A., filial de Coca-Cola, en el municipio de La Calera.
En una comunicación oficial dirigida al director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, el ente de control advirtió sobre inconsistencias en el informe técnico emitido por la Dirección Regional de Recursos Naturales (DRN), que sustenta la evaluación de la solicitud de prórroga. El Ministerio Público considera que las decisiones deben apoyarse en estudios hidrogeológicos propios y verificables, y no únicamente en información presentada por la empresa.
El pronunciamiento, firmado por la delegada para Asuntos Ambientales, Olga Lucía Patín, enfatiza que “cualquier decisión sobre la concesión debe ser producto de un análisis riguroso, objetivo y sustentado en derecho”.
La intervención se da en medio del debate público por el uso del agua de la quebrada San Lorenzo, fuente principal del municipio, que desde 1983 ha abastecido la producción de la marca Manantial, hoy propiedad de la multinacional.
Según la Procuraduría, el informe técnico de la CAR cambió de criterio al aplicar el principio de precaución —usado para restringir actividades ante riesgos ambientales no comprobados—, cuando en más de 300 concesiones similares en La Calera se ha aplicado el principio de prevención, basado en estudios previos del comportamiento hídrico de la zona. “Este cambio genera dudas sobre la coherencia y continuidad de las decisiones administrativas de la entidad”, señala el documento.
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El Ministerio Público recordó que la aplicación del principio de precaución solo es válida ante riesgos graves e irreversibles sustentados en evidencia científica, lo que no se evidencia en el informe actual. La falta de soporte técnico, advirtió, podría constituir un vicio de falsa motivación, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Entre las exigencias específicas, la Procuraduría solicitó a la CAR:
- Elaborar estudios hidrogeológicos propios sobre las zonas de recarga de agua subterránea.
- Evitar medidas restrictivas sin justificación técnica.
- Revisar el informe técnico de la DRN bajo criterios de coherencia e igualdad frente a otras concesiones.
- Garantizar que cualquier decisión priorice la protección del recurso hídrico y el interés público.
La polémica crece mientras sectores ambientalistas y el concejal José Cuesta convocan a un plantón frente a las oficinas de la CAR, denunciando una presunta explotación irregular tras el vencimiento de la concesión en diciembre de 2024.
Por su parte, Coca-Cola aclaró que las intervenciones visibles en el manantial San Lorenzo corresponden a obras de protección ambiental avaladas por la autoridad regional y no a actividades extractivas.
Con esta actuación preventiva, la Procuraduría busca asegurar la legalidad, transparencia y coherencia en las decisiones de la CAR sobre el manejo de los recursos hídricos, en defensa de la comunidad y del interés ambiental del país.
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