Ejército se retira de La Plata, Huila, tras presión de grupo armado y asonada civil

Unidades del Ejército Nacional de Colombia, adscritas a la Quinta División, fueron retiradas de forma anticipada del municipio de La Plata, en el departamento del Huila, luego de un incidente colectivo que involucró a un grupo numeroso de civiles.

Según los reportes oficiales emitidos por la institución castrense, la movilización civil habría sido alentada por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) que opera bajo el nombre de “Hernando González Acosta”.

De acuerdo con la versión institucional, aproximadamente 500 personas participaron en una acción que derivó en el repliegue de los uniformados, quienes debieron abordar vehículos no oficiales para abandonar el lugar.

Este hecho fue denunciado públicamente por la Quinta Brigada a través de un mensaje difundido en la red social X, donde se señaló que los participantes en la protesta habrían actuado bajo presión de dicho grupo armado ilegal.

Según la información suministrada por el Ejército Nacional, el objetivo de esta estructura armada sería consolidar su dominio sobre corredores territoriales estratégicos, especialmente aquellos que conectan al Huila con el departamento del Cauca.

En estas zonas se registra una alta circulación de cultivos ilícitos, rutas de tráfico de estupefacientes y presencia intermitente de grupos ilegales dedicados a actividades como el secuestro, la extorsión y el homicidio selectivo.

En el mismo pronunciamiento, la institución militar sostuvo que su presencia en el territorio busca frenar el avance de estas economías ilegales, las cuales, según se ha documentado, generan impactos negativos sobre comunidades rurales.

La Quinta División solicitó a las autoridades competentes que se adelanten las investigaciones correspondientes sobre lo ocurrido en La Plata y que se adopten medidas para proteger a la población civil.

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Este episodio se presenta en medio de una intensificación del despliegue militar en zonas rurales del occidente del Huila. Un día antes de los hechos, el viernes 19 de septiembre, la Novena Brigada del Ejército había informado sobre el reforzamiento de su presencia en el centro poblado de Belén y en las veredas de Villalozada, Gallego y La Guinea, ubicadas en el límite entre los departamentos de Huila y Cauca.

Dicho despliegue es liderado por el Batallón de Infantería N.º 26 Cacique Pigoanza, en respuesta a evaluaciones de inteligencia que alertan sobre una creciente actividad de grupos armados organizados residuales en esa franja geográfica.

Las operaciones buscan mantener el control institucional sobre estos sectores, históricamente expuestos a disputas armadas y presión sobre líderes sociales y comunidades campesinas.

El esquema de seguridad contempla no solo la presencia física de tropas en tierra, sino también el uso de herramientas tecnológicas, como drones para vigilancia aérea, así como acciones coordinadas con la Policía Nacional en labores de patrullaje.

Según se indicó, estas medidas forman parte de una estrategia de carácter integral, que combina el componente de seguridad con acciones de fortalecimiento institucional y presencia estatal en el territorio.

En paralelo a las acciones militares, se ha puesto en marcha un proceso de articulación con redes de participación ciudadana, con el propósito de mejorar los niveles de alerta temprana frente a posibles riesgos y fortalecer la interlocución directa con la población rural.

De acuerdo con lo manifestado por la Novena Brigada, la labor de los uniformados también contempla espacios de diálogo y recolección de necesidades sociales, para canalizarlas hacia las autoridades locales y regionales competentes.

El retiro forzado de las tropas en La Plata plantea nuevos desafíos para las estrategias de seguridad en regiones donde persisten factores de inestabilidad derivados de economías ilegales y presencia de estructuras armadas no estatales.

Las autoridades nacionales y regionales deberán establecer si este tipo de hechos corresponde a un patrón de presión sistemática contra la Fuerza Pública y qué impacto podría tener en el diseño de políticas de seguridad rural en el suroccidente del país.

En medio de este escenario, se espera que el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control realicen las verificaciones pertinentes sobre la presunta instrumentalización de civiles en beneficio de actores armados ilegales.

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