Demanda pone en riesgo la construcción de la Arena Primavera en Medellín por disputa sobre propiedad del terreno

La construcción de la Arena Primavera en Sabaneta, Antioquia, enfrenta un posible freno judicial luego de que el anterior dueño del terreno interpuso una demanda que cuestiona la legalidad de la adquisición del lote por parte del conglomerado empresarial CLK. El escenario, que proyecta una capacidad de 16.500 asistentes y espera abrir sus puertas a finales de 2026, podría verse afectado si prosperan los reclamos.

Diego Alejandro Arango Duque, fundador de Ideas & Co S.A.S. y antiguo propietario del predio, argumenta que su adquisición fue legítima en 2009, pero que en 2012 la Fiscalía lo embargó por estar vinculado a bienes de un narcotraficante. A pesar de que la medida buscaba comprobar su buena fe, el terreno fue posteriormente entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que terminó vendiéndolo a CLK.

La controversia se reactivó este mes cuando la abogada de Arango, Valeria Castaño, denunció que la SAE habría vendido el predio sin contar con autorizaciones requeridas por tratarse de un bien involucrado en un proceso penal y parte de un inventario en un proceso de insolvencia. Según la demanda, la venta se hizo sin que se resolvieran acreencias por $8.738 millones.

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Castaño sostiene que la figura de enajenación temprana no aplica en este caso, ya que el bien no generaba perjuicio y se encontraba arrendado. Además, cuestiona la idoneidad de los participantes en la subasta del terreno, pues varios de ellos no tendrían capacidad financiera para una transacción de esa magnitud.

El conglomerado CLK, que ya había suscrito un contrato de arrendamiento por 30 años con la SAE, compró el lote por $51.000 millones, lo que le permitió cancelar un canon mensual de $80 millones y comprometerse a invertir $85.000 millones en infraestructura. Desde la compañía aseguran que todo el proceso se realizó conforme a la ley.

Eduardo Olea, directivo de CLK, afirmó que si bien existe una reclamación, la responsabilidad recae en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), en caso de que la justicia falle a favor del demandante. Según Olea, todas las entidades involucradas actuaron dentro del marco legal vigente.

Por ahora, la Alcaldía de Sabaneta es la única entidad que ha respondido a las solicitudes de la defensa de Arango, asegurando que los documentos presentados cumplen con los requisitos legales. Sin embargo, la situación jurídica del predio aún está por resolverse, lo que podría retrasar o afectar la continuidad de las obras del ambicioso proyecto.

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