Defensoría del Pueblo pide control estricto sobre la conmoción interior en el Catatumbo

La Defensoría del Pueblo defendió ante la Corte Constitucional la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo debido a la grave crisis humanitaria que enfrenta la región. Sin embargo, instó a una revisión estricta de la necesidad y proporcionalidad de esta medida, considerada excepcional en el marco constitucional.

Según la entidad, el decreto expedido por el Gobierno cumple con los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No obstante, enfatizó que la conmoción interior solo debe implementarse cuando los mecanismos ordinarios del Estado han resultado insuficientes para contener una crisis de orden público.

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Durante su intervención en el debate sobre la constitucionalidad de la medida, la Defensoría resaltó que el Ejecutivo debe demostrar que las herramientas legales y constitucionales ordinarias no eran suficientes antes de recurrir a la declaratoria de conmoción interior. Por ello, pidió a la Corte realizar un control estricto sobre la necesidad de esta decisión y verificar que se ajusta a las exigencias normativas.

Además, subrayó que cualquier medida adoptada bajo este estado de excepción debe ser proporcional y estrictamente necesaria para garantizar la protección de la población civil. "La historia del país ha demostrado que los estados de excepción pueden impactar negativamente el ejercicio de los derechos fundamentales, por lo que un análisis exhaustivo es indispensable", dijo la defensora, Iris Marín.

En este contexto, la Defensoría solicitó a la Corte Constitucional la convocatoria de una audiencia pública para evaluar el Decreto 062 de 2025. Esta instancia permitiría escuchar a las comunidades afectadas, expertos en derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de determinar el impacto real de la medida en la región.

El organismo enfatizó la importancia de garantizar la participación de quienes viven en el Catatumbo y padecen directamente las consecuencias de la crisis de seguridad y derechos humanos.

Si bien el decreto busca enfrentar la crisis en el Catatumbo, la Defensoría subrayó que la respuesta estatal no debe centrarse únicamente en acciones militares o de seguridad pública. En su lugar, instó a una intervención integral que contemple:

• Protección efectiva de la población civil, especialmente de comunidades en mayor riesgo.
• Asistencia humanitaria urgente para personas desplazadas y confinadas.
• Garantías para el acceso a educación y salud en los territorios afectados.
• Reactivación de estrategias de diálogo y construcción de paz con enfoque territorial, conforme a los compromisos del Estado en el Acuerdo de Paz.

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