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Defensoría del Pueblo alerta sobre grave entramado criminal en Cali y sus zonas rurales
Grave escenario de riesgo detalla la Defensoría.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Estructural 012 de 2025, en la que advierte con “máxima preocupación” el escenario de riesgo que enfrenta la población civil en Cali y sus áreas rurales por la convergencia de grupos armados, estructuras criminales locales y redes transnacionales que buscan controlar rentas ilegales y territorios estratégicos.
Según el informe, la ubicación geográfica de la capital del Valle, su conexión con el Pacífico y sus recursos naturales han sido aprovechados por organizaciones como el grupo terrorista Eln, disidencias de las Farc, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), bandas de Buenaventura como los Shottas y Espartanos, estructuras de Tuluá y Quibdó, así como carteles internacionales como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua, mafias europeas y grupos ecuatorianos. Esta mezcla configura un entramado criminal que mantiene bajo amenaza constante a comunidades urbanas y rurales.
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La Defensoría advierte que el aparente equilibrio basado en pactos de no confrontación es frágil y que una ruptura podría desencadenar una escalada de violencia, con graves violaciones a los derechos humanos.
Entre los grupos más vulnerables se encuentran defensores de DD. HH., líderes sociales, docentes, comerciantes, periodistas, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante, personas LGBTIQ+ y firmantes del Acuerdo de Paz.
La entidad formuló 35 recomendaciones para atender la crisis, entre ellas fortalecer el plan de acción de la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), reforzar la seguridad con enfoque humano, garantizar acceso a la justicia, brindar atención integral a las víctimas y adoptar políticas públicas que superen las vulnerabilidades estructurales.
En sesión del CIPRAT realizada en Cali, con participación de autoridades locales y nacionales, se reconocieron avances metodológicos con apoyo de la ONU. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió que las alertas no se politicen, advirtió sobre el reclutamiento de menores y llamó a una respuesta articulada.
“Este trabajo es para la gente. Ponemos a disposición toda la capacidad de la Defensoría para proteger a la ciudadanía y reducir riesgos”, concluyó.
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