Barranquilla: así fue la masacre en la que murieron tres presuntos miembros de ‘los Costeños’

Tres personas murieron y dos más resultaron heridas en un ataque con armas de fuego registrado en la noche del miércoles 12 de noviembre en el barrio Villa Cordialidad, en Barranquilla.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, las víctimas mortales habrían estado vinculadas al grupo delictivo organizado conocido como “los Costeños” y el hecho se enmarca, según la primera hipótesis oficial, en una disputa por rentas criminales con la estructura denominada “los Pepes”.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25, y Roxana Chiquinquirá Puertas Ríos, de 27.

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Los tres se encontraban en el centro deportivo de Villa Cordialidad cuando se produjo el ataque. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, a esa hora se desarrollaba un partido de fútbol en el escenario y varias personas permanecían en el lugar, ya fuera jugando o observando el encuentro.

Según el informe policial, hacia las 10:00 de la noche llegaron hasta el centro deportivo cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas. Los hombres, que se habrían desplazado directamente hacia el área donde estaban las víctimas, abrieron fuego de manera indiscriminada contra el grupo.

Tras realizar múltiples disparos, emprendieron la huida en los mismos vehículos, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

En el lugar quedaron tendidas las tres personas que posteriormente fueron reportadas como fallecidas. Otras dos resultaron lesionadas en medio del ataque: Oleidys Rodríguez Rodríguez, de 31 años, y Yusmari Núñez de la Peña, de 26.

Ambas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde recibieron atención médica por las heridas producidas por arma de fuego. Las autoridades no han detallado públicamente el estado de salud de las lesionadas, pero confirmaron que forman parte del registro oficial de afectados por la masacre.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó en su reporte que las víctimas fatales “serían integrantes del grupo delictivo organizado ‘los Costeños’” y que, según las primeras labores de verificación, tendrían presunta responsabilidad en actividades de expendio de estupefacientes en el sector.

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El documento señala que estas personas “al parecer eran encargadas de expender estupefacientes en el sector”, lo que ubica el crimen en un contexto de confrontación por el control de puntos de venta de droga y la administración de las denominadas rentas criminales.

En esa misma línea, la primera hipótesis del caso apunta a que el ataque armado estaría relacionado con “disputas de rentas criminales entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’”.

Para los investigadores, la escena —un escenario deportivo de barrio, en horario nocturno, con varias personas reunidas— coincide con patrones de hechos previos en los que grupos criminales utilizan espacios concurridos para ubicar a objetivos específicos y enviar mensajes a estructuras rivales mediante acciones letales.

Sobre el perfil judicial de las víctimas, el informe oficial da cuenta de antecedentes de dos de los tres fallecidos.

Deivis Rafael Cantillo Pastor registraba anotaciones por los delitos de homicidio (1), porte ilegal de armas de fuego (3) y hurto (1). Por su parte, Heider Manuel Padilla Guerra tenía registrada una anotación por tráfico de estupefacientes. 

La información fue recopilada a partir de las bases de datos de la Policía y hace parte del expediente con el que las autoridades buscan establecer la trayectoria delictiva de las personas atacadas y su posible rol dentro de la organización criminal a la que se les vincula.

Roxana Chiquinquirá Puertas Ríos, la tercera víctima mortal, fue identificada pero las autoridades no revelaron, en este primer reporte, información sobre anotaciones judiciales o procesos previos en su contra.

Su nombre, no obstante, figura dentro del grupo señalado como objetivo del ataque, en el mismo contexto de microtráfico y control territorial del que dan cuenta los investigadores en sus primeras conclusiones preliminares.

Tras el ataque, unidades policiales llegaron al lugar, acordonaron el centro deportivo y recogieron elementos materiales de prueba, entre ellos vainillas percutidas y otros indicios balísticos.

Peritos de criminalística realizaron la inspección técnica de los cuerpos y el levantamiento, mientras equipos de inteligencia e investigación judicial comenzaron la reconstrucción de la ruta de llegada y salida de los agresores y el análisis de posibles cámaras de seguridad ubicadas en las vías de acceso al barrio.

La información recopilada hasta ahora refuerza la tesis de que se trató de un ataque dirigido, en el marco de una confrontación entre estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico local de drogas y a otras economías ilegales.

La disputa por las rentas criminales en sectores populares de Barranquilla ha sido un factor recurrente en hechos de violencia reciente, según informes de las mismas autoridades, y el caso de Villa Cordialidad se inscribe en ese escenario de pugna por el control de territorios y actividades ilícitas.

La Policía Metropolitana informó que se activaron equipos especiales para adelantar las pesquisas, identificar a los responsables materiales del ataque y establecer las responsabilidades dentro de las estructuras señaladas.

El caso quedó bajo coordinación de la Fiscalía, que deberá avanzar en la recolección de testimonios, análisis de antecedentes y cruce de información de inteligencia con el fin de sustentar eventuales órdenes de captura contra los autores del triple homicidio y de las lesiones sufridas por las otras dos personas.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades anunciaron que reforzarán las labores de patrullaje y control en Villa Cordialidad y sectores aledaños, con el propósito de prevenir nuevos hechos de violencia asociados a la confrontación entre “los Pepes” y “los Costeños”.

El objetivo, según se ha señalado en los reportes oficiales, es contener el escalamiento del conflicto entre estas estructuras y reducir el riesgo para la población civil que habita en la zona y que, como ocurrió en este caso, queda expuesta cuando los grupos armados ilegales trasladan sus disputas a los espacios cotidianos del barrio.

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