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Amenazas en aumento contra funcionarios del Inpec tras atentado en Bucaramanga
El Sindicato Nacional del Inpec expresó su profunda preocupación ante la creciente violencia dirigida hacia los guardias y directores de cárceles en todo el país.
La situación de seguridad para los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se ha vuelto alarmante en Bucaramanga, donde nuevas amenazas han surgido poco después de un atentado contra el dragoneante Fernando Carrillo, quien fue baleado frente a la cárcel Modelo. Este ataque ha generado una gran preocupación entre las autoridades, ya que refleja el agravamiento de la violencia en el sistema penitenciario colombiano, especialmente en la cárcel Palogordo de Girón.
En un panfleto que circuló internamente en el centro penitenciario de Girón, se advierte sobre la implementación de un supuesto “plan pistola” dirigido a los guardias del Inpec. Según el documento, los ataques serían una represalia por haber ignorado peticiones previas de los autores del mensaje. Además, el panfleto exige el cierre inmediato del patio 10 del centro penitenciario, una demanda que las autoridades están evaluando con cautela, considerando la seriedad de las amenazas.
El Sindicato Nacional del Inpec expresó su profunda preocupación ante la creciente violencia dirigida hacia los guardias y directores de cárceles en todo el país. En menos de dos años, se han registrado 19 asesinatos de trabajadores del Inpec, la mayoría de los cuales están relacionados con amenazas derivadas de sus funciones, como la custodia de presos y el traslado de delincuentes de alta peligrosidad. En total, en los últimos cuatro años, 63 funcionarios han sido asesinados, lo que pone de manifiesto los peligros que enfrentan a diario.
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La inseguridad se ve agravada por el reciente ataque al dragoneante Valentín Eduardo Payares Pertuz en Barranquilla, quien fue baleado dentro de su vehículo. Este incidente ha llevado a la Fiscalía a abrir investigaciones, considerando la posibilidad de que esté relacionado con su labor como miembro del cuerpo judicial. Otros casos similares han incluido el asesinato del dragoneante Juan Carlos Zemanate Dorado y la muerte de José Richard Hernández en Montería, lo que sugiere que estos ataques no son hechos aislados.
Ante la creciente amenaza, el director del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, ha solicitado el apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para mejorar las condiciones de seguridad de los funcionarios. Gracias a esta colaboración, 59 empleados han recibido algún tipo de protección. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica: en los últimos meses, 375 empleados han denunciado amenazas, y se han registrado 18 incidentes violentos, de los cuales 17 estaban dirigidos específicamente al personal de custodia y vigilancia.
La violencia contra el Inpec ha alcanzado un nivel preocupante, revelando la necesidad urgente de implementar medidas de protección más efectivas. A pesar de los esfuerzos por brindar mayor seguridad, los funcionarios continúan expuestos a graves riesgos en el desempeño de sus funciones, que incluyen no solo la vigilancia de las cárceles, sino también la intervención en procesos judiciales.
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