Alcalde de Valledupar sancionado por incumplir sentencia de la Corte Constitucional

El alcalde de Valledupar, Mello Castro González, enfrenta una sanción contundente por incumplir una sentencia de la Corte Constitucional. 

El Juzgado Quinto Civil del Circuito impuso cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales vigentes al alcalde, luego de que se presentara un incidente de desacato promovido por el abogado Evaristo Rafael Rodríguez Felizzola, en representación de Mauricio Pimienta Naranjo, propietario del predio Sabana I, que ha sido invadido.

Este caso ha generado gran controversia, ya que Pimienta Naranjo ha esperado durante 11 largos años a que las autoridades desalojen el terreno Sabana I, donde se han establecido las invasiones conocidas como Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de la Popa y Bello Horizonte II. La situación se ha vuelto insostenible para el propietario, quien finalmente decidió tomar acciones legales.

Ante la sanción impuesta al alcalde, la Alcaldía Municipal ha dado a conocer que ha realizado avances en algunas actividades para cumplir con la orden de desalojo y reubicación emitida por la alta corte. 

Uno de los pasos tomados ha sido la entrega de viviendas en la Urbanización El Porvenir a algunos de los desplazados de Sabana I. Según el informe presentado al despacho judicial por el asesor jurídico Javier Enrique Montero, se han entregado un total de 556 viviendas hasta la fecha. Sin embargo, aún quedan 202 viviendas por entregar y 171 viviendas permanecen invadidas ilegalmente.

Además de las entregas de viviendas, la Administración Municipal ha intentado llegar a un acuerdo con los ocupantes de los lotes invadidos en Sabana I, a través de un acta de compromiso suscrita con el respaldo de Fonvisocial. Sin embargo, han surgido dificultades en el proceso de restitución de los terrenos invadidos.

A pesar de los esfuerzos realizados por la Alcaldía Municipal, el Juzgado Quinto Civil considera que estas medidas han sido insuficientes para proteger los derechos de los ciudadanos y cumplir con lo ordenado por la justicia. 

El juzgado, a cargo de Danith Cecilia Bolívar Ochoa, enfatizó que si bien la orden era compleja y requería tiempo para su cumplimiento, el plazo otorgado desde la sentencia de tutela emitida en diciembre de 2011 ha sido excesivo. 

Específicamente, se señala que el alcalde actual ha tenido tres años desde el 1 de enero de 2020 para tomar medidas y aún no se ha logrado resolver la situación.

Ante esta situación, el juzgado concluye que la actuación del alcalde ha sido negligente y omisiva en relación con la orden emitida por la corte. La sanción impuesta busca responsabilizar al mandatario por su falta de acción en este caso, que ha afectado gravemente a los propietarios y desplazados de Sabana I.

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