Alcalde de Buenos Aires, Cauca, cuestiona tardanza de refuerzos y denuncia violaciones al DIH

El municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, vivió una de las jornadas más violentas de su historia reciente tras una toma armada que se prolongó por cerca de diez horas y dejó el centro urbano seriamente destruido. Así lo confirmó el alcalde Pablo César Peña, quien denunció retrasos en la llegada de los refuerzos del Ejército y la Policía, así como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario durante el ataque.

Según el mandatario, las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco ejecutaron un hostigamiento sostenido que afectó a una población de más de 36.000 habitantes, ubicada a solo 40 kilómetros de Jamundí. La estación de Policía, la sede de la Alcaldía, la Casa de Justicia y al menos diez viviendas quedaron con daños estructurales severos.

Uno de los aspectos más cuestionados por la administración municipal es el tiempo de respuesta de la Fuerza Pública. Aunque los refuerzos finalmente llegaron, lo hicieron cinco horas y media después de iniciado el ataque. De acuerdo con versiones preliminares, las condiciones climáticas impidieron el apoyo aéreo y los accesos terrestres fueron bloqueados con vehículos atravesados y artefactos explosivos.

El alcalde señaló que estas explicaciones deberán ser analizadas en detalle durante un consejo de seguridad. “Yo mismo tengo mucho interés en conocer qué pasó. Esperamos que en el consejo se aclaren todas las circunstancias”, afirmó.

Durante el asalto, solo 17 policías permanecían en el municipio y resistieron durante más de cinco horas bajo fuego constante. Ocho uniformados resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, mientras que los demás presentaron afectaciones físicas y psicológicas tras el prolongado hostigamiento. Peña destacó la actuación de los agentes, a quienes calificó de valerosos frente a un ataque que describió como intenso y sostenido.

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El alcalde también denunció hechos que configurarían violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Según su relato, los grupos armados obligaron a familias a abandonar sus viviendas para utilizarlas como puntos de ataque contra la Policía. Además, aseguró que el párroco del municipio habría sido coaccionado para usar el megáfono de la iglesia y pedir la rendición de los uniformados.

El balance material es crítico. La Alcaldía quedó prácticamente destruida y varias viviendas son inhabitables, especialmente las cercanas a la estación policial. Peña reconoció que el municipio no cuenta con recursos para asumir la reconstrucción y anunció gestiones ante Fonsecón, el Ministerio de Vivienda y otras entidades del Gobierno Nacional.

Aunque el hospital local continúa funcionando para la atención de urgencias y otros edificios como la iglesia y una institución educativa presentan daños menores, el impacto sobre la infraestructura pública y la vida comunitaria es profundo. El alcalde concluyó que no existen antecedentes de una toma armada de esta magnitud en el municipio, una afirmación que, según dijo, coincide con el testimonio de los habitantes más antiguos de la región.

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