CIDH advierte que Colombia es el país más desigual de las Américas y emite 57 recomendaciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, tras presentar su más reciente informe sobre derechos humanos y violencia. Así lo afirmó José Luis Caballero Ochoa, presidente del organismo y relator para Colombia, quien sostuvo que el país “se rajó” en materia de equidad y reconocimiento de poblaciones históricamente marginadas.

El informe incluye 57 recomendaciones dirigidas al Estado colombiano para reducir las brechas estructurales y avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz. Según Caballero Ochoa, la concentración de recursos en un sector reducido de la población y la persistencia de desigualdades han perpetuado la exclusión de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños, adolescentes y víctimas de desplazamiento forzado.

Entre los ejes centrales del informe se incluyen: 

Eje 1: Implementación integral del Acuerdo de Paz
Cumplir de manera efectiva y acelerada el Acuerdo Final de 2016, priorizando la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Garantizar la sostenibilidad financiera, institucional y territorial de los compromisos del Acuerdo.
Fortalecer la presencia integral del Estado en territorios históricamente abandonados.

Eje 2: Reducción de la desigualdad estructural
Adoptar políticas públicas integrales para reducir la concentración de riqueza y las brechas socioeconómicas.
Reconocer de forma efectiva a las poblaciones históricamente excluidas en la formulación de políticas públicas.
Garantizar acceso equitativo a educación, salud, vivienda, agua potable y seguridad alimentaria.

Eje 3: Protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad
Implementar medidas diferenciadas para pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas.
Reforzar la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia.
Prevenir el reclutamiento forzado y fortalecer los procesos de reintegración de menores desvinculados de grupos armados.

Eje 4: Seguridad humana y control de grupos armados
Adoptar una política de seguridad centrada en derechos humanos y seguridad humana, no exclusivamente militar.
Desmantelar estructuras armadas y economías ilegales que controlan territorios.
Fortalecer la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.

Eje 5: Política antidrogas con enfoque social
Reformular la política contra las drogas para atender las causas estructurales del narcotráfico.
Priorizar alternativas económicas para comunidades rurales vinculadas a cultivos ilícitos.
Reducir el enfoque punitivo y fortalecer programas de prevención y tratamiento del consumo.

Eje 6: Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad
Fortalecer el sistema judicial en zonas rurales y afectadas por el conflicto.
Garantizar el funcionamiento y la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Combatir la impunidad en casos de violencia estatal y violaciones de derechos humanos.

Eje 7: Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
Garantizar el derecho al medioambiente sano en territorios afectados por economías ilegales.
Proteger a comunidades frente a proyectos extractivos sin consulta previa.
Promover modelos de desarrollo sostenible e inclusivo.

Eje 8: Democracia, participación y no estigmatización
Garantizar la participación efectiva de comunidades en decisiones públicas.
Erradicar la estigmatización de líderes sociales, comunidades rurales y opositores políticos.
Promover un diálogo nacional para reducir la polarización política.

Eje 9: Enfoque territorial y diferencial
Diseñar políticas con enfoque territorial, étnico y de género.
Reconocer las particularidades regionales en la formulación de seguridad, desarrollo y justicia.

Eje 10: Seguimiento y monitoreo
Crear mecanismos de seguimiento permanentes a las recomendaciones de la CIDH.
Garantizar transparencia y rendición de cuentas en su implementación.

El presidente de la CIDH advirtió que el limitado reconocimiento simbólico y material de estas poblaciones incrementa su vulnerabilidad, especialmente en territorios afectados por la presencia de grupos armados. A su juicio, la ausencia prolongada del Estado en varias regiones facilitó la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que controlan la vida cotidiana de muchas comunidades.

Caballero Ochoa también señaló que el enfoque militarista de la política antidrogas ha contribuido a perpetuar escenarios de violencia. En ese sentido, insistió en que la prioridad debe ser el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz, al tiempo que alertó sobre retrasos en la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

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Sobre la agenda de derechos humanos, el directivo subrayó que la CIDH no evalúa programas de gobierno específicos, pero sí formula recomendaciones con base en estándares internacionales. Indicó que la construcción de una paz sostenible requiere la inclusión real de colectivos marginados y la garantía de derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, agua potable y un ambiente sano.

El presidente del organismo hizo énfasis en la necesidad de prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados y de fortalecer programas de recuperación para quienes han sido atrapados por la criminalidad. Además, advirtió que el país no debe abandonar la ruta del Acuerdo de Paz ni desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz, incluso en un contexto electoral.

Finalmente, Caballero Ochoa destacó que las primeras recomendaciones del informe apuntan a fortalecer el diálogo nacional y los procesos de paz como vía para reducir la polarización y avanzar hacia un modelo de seguridad humana con enfoque de derechos.

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