ACNUR suspende y reduce programas de asistencia en Colombia por falta de fondos

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha anunciado la suspensión y reducción de varios programas de asistencia en Colombia debido a la falta de fondos, situación que afecta gravemente a miles de personas desplazadas y refugiados en el país. Según el portavoz de la organización, William Spindler, los recortes en la financiación, especialmente los drásticos recortes de Estados Unidos a la cooperación internacional, han puesto en riesgo la continuidad de su labor humanitaria en la región.

ACNUR necesita urgentemente 118,3 millones de dólares para continuar con sus actividades durante 2025, pero hasta el momento solo se ha recibido un 4,6% de los fondos necesarios, lo que pone en peligro varios programas clave. Entre los afectados se encuentran los 17.000 niños beneficiarios de programas de apoyo iniciados en 2024, quienes ahora enfrentan mayores riesgos de ser reclutados por grupos armados o ser víctimas de abusos y explotación.

Uno de los ejemplos más críticos es la suspensión de la distribución de ayuda humanitaria en la zona del Catatumbo, región que ha sido golpeada por un aumento de la violencia entre grupos armados, desplazando a unas 63.000 personas. Además, los recortes también amenazan con frenar las labores de regularización de más de 500.000 refugiados venezolanos y programas del Gobierno colombiano para la legalización de asentamientos informales de desplazados.

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La crisis financiera de ACNUR también repercute en la estabilización, integración y autonomía de millones de refugiados y desplazados internos en Colombia, que ya supera los siete millones, además de los más de tres millones de refugiados venezolanos y medio millón de retornados colombianos.

La organización continúa buscando el apoyo de otros donantes internacionales como Japón, Suecia, Corea del Sur y España, mientras mantiene conversaciones con las autoridades estadounidenses para intentar asegurar una reactivación de los fondos. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica y pone en riesgo los avances conseguidos en la protección de las poblaciones más vulnerables.

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