Razones de fondo del Consejo de Estado para tumbar al contralor general Carlos Hernán Rodríguez

La elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la Nación para el periodo 2022-2026 ha sido anulada por el Consejo de Estado a raíz de una serie de cuestionamientos presentados por los demandantes encabezados por la congresista Jennifer Pedraza.

Esta decisión marca el último capítulo de una serie de controversias que han sacudido al Congreso de la República durante los últimos años.

Según los demandantes, el receso legislativo del Congreso de la República tuvo lugar entre el 23 de diciembre de 2021 y el 16 de marzo de 2022, un periodo durante el cual se afirmó que se realizaron ciertas acciones que afectaron la legalidad del proceso de elección del Contralor General.

Los demandantes señalaron que durante este receso, las Comisiones Legales de Acreditación Documental fueron convocadas para revisar la documentación relacionada con el proceso de elección, una acción que según ellos era inconstitucional e ilegal. 

A pesar de las protestas y retiro de algunos miembros de estas comisiones, el proceso de elección continuó, llevando a la publicación de la lista de candidatos elegibles el 29 de abril de 2022.

Esta lista, compuesta por ocho hombres y dos mujeres, fue objeto de críticas debido a la falta de consideración de los criterios de selección relativos a la experiencia e idoneidad para el cargo. Esta preocupación fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quienes ordenaron que la lista fuera reelaborada.

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En cumplimiento de esta orden, se conformó una comisión accidental que se reunió el 16 de julio de 2022 y definió una nueva lista de elegibles equilibrada en términos de género. Sin embargo, esta acción fue seguida de una serie de renuncias de los voceros de los partidos, quienes citaron vacíos jurídicos e inconsistencias en el proceso.

A pesar de las controversias, la nueva comisión accidental sesionó el 4 de agosto de 2022. Durante esta sesión, se plantearon varias preocupaciones sobre el proceso de convocatoria pública. 

En particular, el senador Alejandro Carlos Chacón argumentó que no se podía rehacer la lista de elegibles hasta que se resolviera un incidente de desacato pendiente contra el Congreso de la República.

Además, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval, una de las demandantes, sostuvo que el proceso de elección se vio viciado desde el principio debido a que la convocatoria se realizó durante el receso legislativo. Pedraza Sandoval se retiró de la comisión accidental en protesta por la decisión de volver a elaborar la lista de elegibles.

Los demandantes afirmaron que la nueva lista de elegibles se elaboró sin sanear el vicio inicial de la convocatoria, sin cumplir con la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin atender al principio de equidad de género y modificando la convocatoria al convertir en ponderable la audiencia pública.

En cuanto al senador Alejandro Carlos Chacón, ante la confluencia de eventos, optó por abstenerse de participar en la definición de la nueva lista de elegibles, demostrando un ejemplar acto de integridad en el embrollado proceso. Este acto lo hizo constar en los registros oficiales ante el secretario general del Senado.

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La controversia comenzó con la afirmación de Pedraza Sandoval de que existía un 'vicio inicial' que se originó con el anterior Congreso de la República. Según ella, la lista de candidatos se convocó durante el receso legislativo, lo que va en contra de los procedimientos legislativos estipulados.

Para resolver este problema, la representante Pedraza Sandoval instó a reiniciar el proceso de elección. Sin embargo, su llamado a la acción fue ignorado por la mesa directiva, lo que provocó que la representante se retirara definitivamente de la comisión accidental. Ella lo hizo en protesta y dejó constancia oficial de su decisión.

A pesar de su retirada, la comisión accidental procedió a elaborar una nueva lista de elegibles, sin resolver el vicio inicial de la convocatoria. Además, según la demanda, no cumplieron con la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el trámite del incidente de desacato dentro de la acción popular.

Agregado a esto, el principio constitucional de equidad de género se pasó por alto durante el proceso de elección, al designar a seis hombres y cuatro mujeres para los puestos de contraloría. Esto resultó en una violación de la equidad de género que se encuentra codificada en la Constitución.

El golpe final llegó cuando la comisión accidental cambió las reglas de la convocatoria al convertir en ponderable la audiencia pública que trata el artículo 8 de la Ley 1904 de 2018. Este cambio permitió que se otorgara un valor del 15% antes de la integración de la lista de los 10 elegibles.

A pesar de estos argumentos contundentes, el 18 de agosto de 2022 se eligió a Carlos Hernán Rodríguez Becerra como nuevo contralor general de la República. 

La Sala concluyó que durante el proceso de elección se presentaron irregularidades graves que afectaron etapas cruciales del mismo, demostrando así el desconocimiento e infracción de normas superiores.

El Consejo de Estado determinó que la sesión plenaria en la que se llevó a cabo la elección no fue citada con la antelación requerida por el artículo 21 de la Ley 5 de 1992. Además, se constató que se elaboró una tercera lista de candidatos elegibles sin justificación alguna. 

Sin embargo, lo más preocupante y determinante fue el cambio injustificado de los parámetros de la convocatoria, establecidos en la Resolución 001 del 17 de enero de 2023, después de conocer los resultados de la prueba de conocimientos y la evaluación de las hojas de vida realizada por la Universidad Industrial de Santander. Estos cambios violaron abiertamente los postulados consagrados en los artículos 126 de la Constitución Política y 6 de la Ley 1904 de 2018.

En vista de estas irregularidades, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República. Como consecuencia de esta decisión, se ordenará al Congreso de la República que reinicie todo el proceso de elección, comenzando desde la convocatoria, con el objetivo de elegir al Contralor General para el resto del período constitucional.

Este fallo del Consejo de Estado marca un precedente importante en la historia del país, ya que pone de relieve la necesidad de garantizar la transparencia y el cumplimiento estricto de las normas en los procesos de elección de altos cargos. 

La decisión resalta la importancia de asegurar que los procedimientos sean llevados a cabo de manera justa y equitativa, sin permitir irregularidades que puedan comprometer la legitimidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía.

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