Petro admite gasto de $10.000 millones en abogados en EE. UU. por proceso ante la Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro reconoció este sábado que su Gobierno destinó recursos del erario para contratar una firma de abogados en Estados Unidos con el propósito de enfrentar procesos relacionados con sanciones financieras y su eventual salida de la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La confirmación se dio luego de cuestionamientos públicos sobre el uso de fondos estatales para una defensa jurídica que involucra al mandatario y a su familia. Petro defendió la decisión y afirmó que el gasto responde a acciones de sectores de la oposición que, según él, promovieron gestiones en Estados Unidos en su contra.

De acuerdo con información oficial, el contrato fue suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) con la firma Amadeus Consultancy Limited, mediante contratación directa, por un valor cercano a los $10.000 millones y con vigencia entre enero y abril de 2026.

El objeto contractual contempla la prestación de servicios de asesoría, representación y defensa jurídica ante autoridades estadounidenses en asuntos relacionados con sanciones financieras. El Gobierno ha señalado que el alcance del contrato incluye acompañamiento legal especializado en ese país.

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Tras conocerse el contrato, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si en su celebración se cumplieron los principios de la contratación estatal y si existió un uso adecuado de los recursos públicos. El organismo de control analiza la necesidad, proporcionalidad y modalidad de la contratación.

Desde distintos sectores políticos se han expresado reparos al gasto, al considerar que se trata de una defensa de carácter personal financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación. Legisladores de oposición han solicitado explicaciones detalladas sobre la justificación jurídica y financiera del contrato.

El presidente, por su parte, insistió en que la decisión busca proteger la institucionalidad y rechazó las críticas, señalando que el proceso responde a un contexto internacional adverso y no a un interés particular. Sus declaraciones fueron difundidas a través de redes sociales.

La controversia se suma a otros debates recientes sobre el uso de recursos públicos y la contratación directa por parte del Ejecutivo, en un momento en que el Gobierno enfrenta un mayor escrutinio político y administrativo.

Mientras avanza la revisión de la Procuraduría, el contrato continúa vigente y el caso sigue generando reacciones en el Congreso y en la opinión pública, a la espera de pronunciamientos oficiales que determinen si hubo o no irregularidades en su celebración.

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