Paloma Valencia denuncia presunto “fondo paralelo” en el ministerio de Igualdad

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia denunció la existencia de un presunto “fondo paralelo” adscrito al Ministerio de Igualdad, que, según afirmó, habría sido utilizado para contratar por derecho privado a miles de personas y operadores logísticos en el periodo previo a las elecciones de 2026.

De acuerdo con la congresista, dicho fondo habría destinado $70.582 millones en cuatro contratos con la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S., con el objetivo de vincular a más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. 

“El Fondo paralelo de MinIgualdad, que contrata a dedo por derecho privado, gastó $70.582 millones en cuatro contratos (…) justo durante las elecciones”, sostuvo Valencia.

ATENCIÓN. El Fondo paralelo de MinIgualdad, que contrata a dedo por derecho privado, gastó $70.582 millones en 4 contratos con Laborando S.A.S. (empresa de servicios temporales) para vincular a más de 3.304 personas desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026. Justo durante las… pic.twitter.com/Nrh1FzXof3

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 6, 2026

La senadora agregó que, a través del mismo mecanismo, se habrían tercerizado dos contratos de operadores logísticos para la realización de eventos, por un valor adicional de $68.949 millones. A su juicio, se trata de “una feria de contratos, burocracia y derroche” que, según dijo, salió a la luz tras una denuncia presentada en diciembre del año pasado.

Valencia contrastó estos montos con la ejecución presupuestal del propio Ministerio de Igualdad, señalando que entre enero y noviembre de 2025 la entidad destinó $56.195 millones para cubrir toda su nómina, mientras que el fondo habría comprometido $70.582 millones en solo seis meses, es decir, un 125% más que lo ejecutado por el Ministerio en diez meses.

Finalmente, la congresista cuestionó la falta de soportes en el Secop, al asegurar que no aparecen facturas, informes de supervisión, anexos técnicos ni propuestas de los contratistas. Para Valencia, el caso evidencia un grave “oscurantismo” en el manejo de los recursos públicos y un presunto uso indebido del dinero de los colombianos en contratación opaca.

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