Paloma Valencia denuncia a ministros por decreto de consulta popular y Petro responde

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, presentó una denuncia penal por prevaricato ante la Fiscalía General de la Nación contra los ministros que firmaron el Decreto 639 de 2025, el cual convoca una consulta popular para definir los ejes de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. 

Valencia considera que los funcionarios actuaron al margen de la Constitución, vulnerando el artículo 104, y pidió al registrador Nacional, Hernán Penagos, que se abstenga de convocar a las urnas el próximo 7 de agosto.

Paralelamente, radicó una solicitud de nulidad ante el Consejo de Estado, argumentando que el decreto contradice la Carta Magna. La senadora afirmó que la convocatoria es inconstitucional y pidió al Consejo adoptar una medida provisional para suspender el proceso.

En respuesta, el presidente Petro se pronunció desde Cali durante una alocución presidencial en la plazoleta de San Francisco, donde reiteró la legitimidad del decreto y defendió el derecho del pueblo a decidir. “Han amenazado a mi gabinete con que puede ir preso. Yo me sentiría orgulloso, porque lo único que han hecho es pedir que el pueblo se exprese”, declaró el mandatario ante sus simpatizantes.

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Durante su discurso, Petro enfatizó que la consulta busca justicia social y reformas estructurales como una jornada laboral de ocho horas, contratos para jóvenes y pensiones para campesinos. Afirmó que “este es el momento del pueblo” y que acatará el resultado, ya sea un “Sí” o un “No”, el próximo 7 de agosto.

El jefe de Estado también respondió a las acusaciones de ilegalidad e inconstitucionalidad, señalando que el Congreso ha ejercido un “bloqueo inconstitucional” al no aprobar ninguna de sus propuestas clave. Según Petro, la consulta se convocó por razones legales de plazo, pero podría ser retirada si el Congreso aprueba la reforma laboral por los cauces legislativos.

Además de la denuncia de Valencia, el abogado Germán Calderón España interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado para frenar la implementación del decreto, argumentando una presunta vulneración de derechos fundamentales y pidiendo una medida cautelar que suspenda su aplicación mientras se resuelve el caso.

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