Las pruebas del CNE contra Gustavo Petro por campaña presidencial

Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz han presentado oficialmente una ponencia de más de 100 páginas que imputa cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este documento, que incluye declaraciones detalladas y registros contables, abre un nuevo capítulo en la saga de investigaciones electorales en Colombia.

¿Cuáles son las pruebas del CNE en contra de la campaña presidencial de Petro?

Durante una reciente audiencia virtual, Omar Hernández testificó sobre un encuentro que discutió un aporte significativo en especie a la campaña de Petro, proporcionado por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Este aporte involucró un avión valorado en $2,000 millones.

Además, se ha confirmado que cerca de 35,000 testigos electorales recibieron pagos de 60,000 pesos cada uno en el día de las elecciones. Estos pagos, que no fueron reportados a la plataforma de Cuentas Claras, podrían violar los límites legales establecidos para gastos de campaña.

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La ponencia también menciona aportes significativos de organizaciones como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), sumando más de $1,100 millones. Existen sospechas de que estos fondos pudieron haber sido triangulados para ocultar su verdadero destino.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha estado recopilando pruebas, solicitando a las empresas de giros información sobre los pagos a los testigos acreditados, y revisando documentos de auditoría que podrían confirmar las transacciones realizadas.

Investigación administrativa del CNE contra la campaña presidencial de Petro

Adicionalmente, según la revista Semana, se estableció que el CNE solicitó a la Registraduría la relación de testigos acreditados por la campaña Petro Presidente y, con base en estos datos, les pidieron a las empresas de giros que informaran si esas personas habían recibido pagos por el día electoral.

Es así como el CNE adelanta una investigación de carácter administrativo y  las pruebas que tiene en su poder también podrían llegar a la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

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