Fiscalía presenta pruebas que vinculan a Euclides Torres con financiación de campaña presidencial de 2022

Durante el desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo mayor del actual presidente de la República, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer nuevas pruebas documentales y testimoniales que formarían parte del material que sustentará la acusación por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En el marco de esta diligencia judicial, la fiscal delegada Lucy Laborde presentó conversaciones, documentos y evidencias obtenidas a partir de dispositivos electrónicos incautados, que apuntarían a una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en la que habría participado el empresario Euclides Torres.

Una de las evidencias presentadas por la Fiscalía corresponde a una conversación sostenida entre Daysurys Vásquez Castro, expareja de Nicolás Petro, y Michelle Romero, en la cual se hace referencia directa a Euclides Torres.

En dicho intercambio de mensajes se afirma que este empresario habría entregado un apartamento en la ciudad de Bogotá a Petro Burgos, al parecer como una forma de retribución o beneficio.

En la misma conversación se mencionan, además, los nombres de Armando Benedetti, Pedro Flórez y el propio Euclides Torres como presuntos participantes en el financiamiento de la campaña presidencial de 2022.

La representante del ente acusador sostuvo ante el juez de conocimiento que, con base en el análisis de los elementos recaudados, Nicolás Fernando Petro Burgos habría recibido recursos de origen privado no declarados formalmente, entre ellos dineros que presuntamente provendrían de Euclides Torres.

Según expuso Laborde, estos recursos habrían sido destinados no solo al sostenimiento personal del acusado, sino también al fortalecimiento de la campaña electoral de su padre, actual jefe de Estado.

Entre los bienes presuntamente adquiridos con dichos recursos, figura un apartamento ubicado en Bogotá, cuya entrega se habría efectuado de manera irregular y sin justificación patrimonial.

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La Fiscalía argumentó que los recursos en cuestión no fueron reportados por Nicolás Petro en su declaración de renta, lo que, de acuerdo con la funcionaria judicial, indicaría que el procesado tenía conocimiento de la imposibilidad de justificar el origen lícito de estos fondos.

La omisión en la declaración fiscal sería, según la acusación, un indicio adicional que refuerza la hipótesis del ente investigador sobre el carácter ilícito de los recursos recibidos.

En la misma diligencia, la fiscal Laborde anunció que se presentarán como evidencia informes relacionados con la supuesta entrega de 400 millones de pesos en efectivo por parte de Gabriel Hilsaca, empresario también mencionado en el caso. Estos recursos, según la investigación, habrían sido almacenados en la residencia de Nicolás Petro y Daysurys Vásquez, ubicada en el norte de la ciudad de Barranquilla, lo cual fue confirmado mediante testimonios y registros de los allanamientos realizados.

Otro de los puntos mencionados durante la audiencia hace referencia al político Máximo Noriega, quien, de acuerdo con la Fiscalía, estaría vinculado a la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

Según la acusación, esta organización habría servido como canal para la recepción de dineros mediante maniobras como la sobrefacturación de servicios presuntamente prestados por personas vinculadas a la entidad.

De igual forma, se destacó que una parte fundamental del material probatorio fue obtenida a partir del análisis forense de los computadores personales de Nicolás Petro y de su actual pareja, Laura Ojeda, los cuales fueron incautados durante el procedimiento de captura.

Durante esa diligencia, también se decomisaron 24.900.000 pesos en efectivo, hallazgo que, según la Fiscalía, respalda la tesis de que el procesado almacenaba grandes sumas de dinero en su domicilio, sin soporte bancario ni tributario.

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