Fiscalía pide cárcel para Nicolás Petro por contratos en el Atlántico

Durante una audiencia celebrada el martes 2 de diciembre en Barranquilla, la fiscal delegada Lucy Marcela Laborde solicitó ante un juez la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, en el marco de una investigación por delitos relacionados con presunta manipulación de contratos en el departamento del Atlántico.

La petición se fundamenta en una serie de argumentos que incluyen el presunto uso de influencias políticas para beneficiar a una fundación privada, inconsistencias documentales y posible acceso a información confidencial del proceso penal.

La solicitud de medida restrictiva de la libertad se basa en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, falsedad en documento público y peculado por apropiación.

La representante del ente acusador explicó que Petro, en su calidad de diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, habría utilizado su posición política para incidir en la adjudicación de dos contratos por valores de $400 y $572 millones, respectivamente, los cuales fueron firmados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Fucoso.

Según lo expuesto, aunque el exdiputado no tenía competencia para firmar contratos, su influencia se habría ejercido a través de comunicaciones directas con funcionarios encargados del proceso contractual.

La fiscal sostuvo que dicha intervención habría tenido como finalidad beneficiar económicamente tanto a Petro como a su entorno cercano.

En versiones anteriores entregadas por la Fiscalía durante audiencias preliminares, se argumentó que el entonces diputado habría delegado en su esposa, Day Vásquez, la coordinación de contactos entre los representantes de la fundación y los funcionarios públicos encargados, con base en instrucciones y decisiones de Petro.

Laborde expuso que estas acciones fueron desarrolladas con conocimiento y consentimiento del exfuncionario y orientadas a obtener provecho económico, configurando, en palabras de la Fiscalía, una estructura de intervención indebida en la administración pública departamental.

Uno de los elementos nuevos incorporados por el ente acusador durante la diligencia fue la denuncia de un presunto acceso irregular a información reservada del proceso.

La fiscal Laborde indicó que recibió un poder firmado por el exdiputado Petro relacionado con una noticia criminal a la cual el procesado no estaba formalmente vinculado.

El documento, según precisó, no debía haber sido remitido a su despacho, lo que a su juicio evidencia una posible interferencia en el desarrollo del caso o un conocimiento indebido del curso interno de la investigación.

Como refuerzo a su argumentación, la Fiscalía expuso que existen inconsistencias entre los documentos entregados por Petro y su realidad patrimonial, particularmente en su hoja de vida y declaración de renta.

Estos elementos, de acuerdo con la fiscal, son indicativos de un patrón de ocultamiento o manipulación de información que debe ser valorado en el análisis de riesgo procesal.

Durante la audiencia, también se incorporó evidencia sonora que incluye grabaciones de conversaciones atribuidas a Nicolás Petro y Day Vásquez, compartidas por aplicaciones de mensajería instantánea.

En uno de los audios presentados se escucha una voz, atribuida a Vásquez, que le reclama a Petro sobre el uso de recursos, indicando que existen pruebas documentales sobre las irregularidades.

Según la Fiscalía, este material respalda la tesis de que el exdiputado tenía pleno conocimiento del destino de los dineros públicos comprometidos.

La delegada del ente investigador argumentó que Petro podría obstruir la justicia en caso de mantenerse en libertad, ya que cuenta con influencia política y redes de apoyo social de alto nivel que podrían ser utilizadas para interferir en la recolección de pruebas, influir en testigos o entorpecer el curso del proceso. A

ello se suma la posición privilegiada que detenta como figura pública, condición que según la fiscalía debe ser tenida en cuenta para efectos del análisis de riesgo procesal.

La fiscal Laborde reiteró su solicitud de que el implicado sea privado de la libertad en establecimiento carcelario, citando el artículo 307, literal A, del Código de Procedimiento Penal.

Indicó que la gravedad de los hechos, la posible pena a imponer y la evidencia recogida hasta el momento permiten concluir que existen fundamentos sólidos para considerar que Petro podría no someterse al curso ordinario del juicio en caso de continuar en libertad.

También señaló que su conducta no fue espontánea ni impulsiva, sino planeada y ejecutada con pleno conocimiento de su ilicitud.

Además de este proceso, Nicolás Petro enfrenta un juicio paralelo por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Ambos casos han sido tramitados por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que en reiteradas oportunidades han expresado que los hechos investigados reflejan prácticas lesivas contra los recursos públicos y mecanismos institucionales de contratación.

En la parte final de su intervención, la fiscal hizo mención a la supuesta existencia de un vínculo de beneficio mutuo entre Nicolás Petro y la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

Según su exposición, los contratos firmados con Fucoso se enmarcaron en una dinámica de cooperación irregular en la que distintos actores habrían obtenido ventajas a partir del direccionamiento de los recursos públicos.

La Fiscalía catalogó esta actuación como una actividad sistemática con reparto de beneficios, y calificó los hechos como una manifestación de corrupción que atenta contra la integridad del ejercicio público.

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