Publicidad
Publicidad
Didier Lobo, vicepresidente del Senado: un pasado oscuro por manejos del PAE
El congresista tiene serios cuestionamientos fiscales por el Plan de Alimentación Escolar, PAE. para alimentar a niños pobres.
En la ceremonia de instalación del Congreso celebrada el pasado 20 de julio, Iván Name fue nombrado presidente del Congreso, quedando las vicepresidencias a cargo de María José Pizarro y Didier Lobo. Lobo, congresista de Cambio Radical, ha sido recientemente objeto de una intensa controversia debido a su turbio pasado como alcalde de La Jagua de Ibirico, en Cesar.
De 2012 a 2015, Lobo lideró la alcaldía de La Jagua de Ibirico, durante cuyo mandato se presentó un deterioro financiero de $4.377 millones de pesos en sobrecostos vinculados al Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Este dinero estaba destinado a la compra de alimentos para ser entregados durante un periodo de 18 meses a madres cabeza de familia que cuidaban a 5.000 niños en situación de desnutrición o en riesgo de malnutrición, así como a madres lactantes y gestantes, según reportó detalladamente Infobae.
El encargo de la distribución de los paquetes de alimentos fue otorgado a la empresa Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios, la cual firmó un contrato por $15.295 millones.
Lea también (Feria de las Flores: requieren a alcalde de Medellín tras cancelación de eventos)
Esta empresa proporcionaba a los beneficiarios alimentos básicos como harina de maíz, lentejas, frijoles rojos, espagueti, arroz blanco, aceite vegetal, alimentos fortificados para niños, leche entera, atún, avena instantánea y en hojuelas, suplementos multivitamínicos, pan, azúcar, malteadas instantáneas, chocolate y sal.
Según la Contraloría, en 2019 se determinó que los sobrecostos surgieron debido a que la Alcaldía de La Jagua de Ibirico realizó "un estudio de mercado deficiente", centrándose solo en los precios de los supermercados de grandes superficies, sin considerar las tarifas de otros agentes del mercado, como pequeños intermediarios y graneros.
La investigación de la Contraloría reveló que los alimentos, aunque cotizados en grandes cadenas de almacenes, fueron de inferior calidad a la esperada. La avena en hojuelas, por ejemplo, se compró a $3.480 por 250 gramos, cuando la Contraloría encontró un precio de cotización de $1.910. La harina de maíz también presentó un sobrecosto: se compró a $2.520 por libra cuando el valor real era de $1.370.
En cuanto a la calidad de los productos, se entregó margarina en lugar de mantequilla, aunque la ficha técnica del municipio especificaba claramente este último producto. Asimismo, la avena instantánea entregada no cumplía con la norma técnica nacional.
El caso llevó a la Procuraduría a vincular a la entonces Secretaria de Salud del municipio, Cenith Mireya Echávez Ospino, y a los exsecretarios de Planeación, Ovelio Enrique Jiménez Machado, y de Salud, Leydis Zulay Bermúdez Brito, quienes participaron en la etapa precontractual y en los estudios previos para establecer el valor total del contrato.
La empresa que realizó la interventoría del contrato, Unión Temporal Interventores Asociados EAG; los miembros de la sociedad contratista, Corporación Gestión del Recurso Social y Humano, GERS, Industrias Alimentos Catalinsa S.A.S. y la Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos, también fueron implicados en el caso.
Tras las investigaciones, en 2020 Didier Lobo fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 6 meses y Cenith Mireya Echávez por 10 años debido al detrimento del patrimonio público por más de $3.900 millones y por "una eventual violación de los principios de economía y de responsabilidad”.
A pesar de la apelación de Lobo, la Procuraduría ratificó la sanción en 2021 y estableció que, dado que Lobo ya no era un servidor público, la sanción se convertiría en salarios de acuerdo con el monto devengado al momento de cometer la falta.
Otras noticias:
Etiquetas
