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Cuestionan contratación amplia de asesores de Gustavo Petro en Presidencia de la República
Reporte detalla gasto de $20.451 millones y un aumento de 274 contratistas frente a 2022.
El gasto destinado a asesores y contratistas en la Presidencia de Colombia ha experimentado un notable aumento de más de $4.500 millones en el transcurso de un solo año.
Según El Colombiano, durante el periodo analizado, el número de contratistas por prestación de servicios en la Casa de Nariño incrementó de manera significativa, generando interrogantes sobre la excesiva burocracia.
El presidente Gustavo Petro, en línea con las teorías económicas de John Maynard Keynes, aboga por una intervención activa del Estado en la economía mediante políticas fiscales de gasto público.
Este enfoque se refleja en el marcado aumento de recursos destinados a la contratación de servicios en la Presidencia, que pasó de $15.856.852.718 en 2022 a $20.451.129.813 en 2023, acompañado de un incremento de 274 contratistas en el mismo periodo.
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Un reciente derecho de petición respondido por el Departamento Administrativo de Presidencia revela estas cifras, suscitando cuestionamientos sobre los motivos detrás de este aumento pronunciado en el número de asesores.
Las críticas por gastos excesivos también se extienden a los viajes al exterior de la primera dama y del propio presidente, así como al alquiler de una costosa propiedad durante el Foro Económico Mundial de Davos.
Estas acciones han generado controversia, especialmente en un contexto donde otros países con condiciones económicas similares no han incurrido en gastos tan elevados.
En cuanto a la nómina de Presidencia, se reporta una estabilidad en el número de personas contratadas de planta, con un gasto que ascendió a $9.254.936.078 en 2022 y $12.531.743.095 en 2023. A pesar de los desafíos en la ejecución del presupuesto, el gasto en la Presidencia parece no enfrentar obstáculos significativos.
Sin embargo, la reciente salida de la directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda ha generado incertidumbre en el sector público, sumada a rumores de despidos y no renovación de contratos en el Departamento Nacional de Planeación.
Además, se señala una posible distancia entre el director del Dapre y el presidente, lo que ha suscitado preocupación entre funcionarios de planta por la falta de claridad en la toma de decisiones y la gestión de recursos en Palacio.
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