Cuatro ministros se abstuvieron de firmar el decreto presidencial que convoca a consulta popular

El Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, con el cual el presidente Gustavo Petro oficializó la convocatoria a una consulta popular, fue expedido con la firma del jefe de Estado y de varios integrantes de su gabinete ministerial.

Sin embargo, se evidenció que cuatro ministros en propiedad no estamparon su firma en el documento, lo cual generó nuevas críticas desde los sectores de oposición.

En su lugar, firmaron funcionarios en calidad de encargados, designados temporalmente para actuar en representación de dichas carteras.

El decreto fue publicado al final de la jornada del miércoles 11 de junio, según precisó el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del plazo que la ley establece para tal efecto.

Aunque formalmente el acto administrativo cuenta con la rúbrica de cada ministerio, no todos los titulares en propiedad participaron del trámite.

Las ausencias corresponden a Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores; Edwin Palma, ministro de Minas y Energía; Lena Yanina Estrada, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y Eduardo Montealegre, designado como ministro de Justicia, pero aún sin posesión oficial.

La firma correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores fue asumida por la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio, mientras que por el Ministerio de Minas y Energía firmó el presidente de la Agencia Nacional de Minería, José Luciano Sanín.

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En representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo hizo Christian Díaz, jefe de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles. Finalmente, el Ministerio de Justicia fue representado por el ministro encargado, Augusto Alfonso Ocampo, ante la falta de posesión del titular.

El caso del ministro Edwin Palma ha sido uno de los más señalados, debido a que días antes, el 7 de junio, se había pronunciado públicamente en la red social X sobre su intención de firmar el decreto.

En ese momento, respondió a un comentario señalando que no solo firmaría, sino que publicaría una fotografía de ello. Su posterior ausencia en el acto administrativo motivó críticas de diversos sectores, incluyendo representantes de la oposición.

Las reacciones no se hicieron esperar. Dirigentes del Centro Democrático anunciaron acciones legales contra el presidente y los ministros que firmaron el decreto. Argumentan que el acto estaría viciado por lo que consideran “falsa motivación” y una presunta infracción del artículo 104 de la Constitución Política, norma que regula los mecanismos de participación popular.

Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, había anticipado estas acciones antes del atentado en su contra el pasado sábado 7 de junio. En un video grabado previo a ese hecho, expresó su intención de denunciar penalmente a los miembros del gabinete que avalaran el decreto. En dicha grabación, el congresista manifestó que se estaban vulnerando los principios democráticos mediante un procedimiento que calificó como irregular.

A su vez, el representante Christian Garcés indicó que se interpondrán denuncias por prevaricato contra quienes firmaron el decreto. Sostuvo que, a su juicio, los ministros habrían incurrido en una conducta contraria al ordenamiento jurídico al suscribir un acto administrativo que desconoce los procedimientos constitucionales para la convocatoria de una consulta popular.

Por su parte, el representante Hernán Cadavid reiteró que la expedición del Decreto 0639 representa una violación a la institucionalidad y expresó que su partido se encuentra preparado para enfrentar las consecuencias legales de esta decisión.

Según indicó, la Corte Constitucional podría ser llamada a ejercer control sobre lo que definió como un “exceso” del Ejecutivo. Aseguró que se interpondrán acciones judiciales desde distintos sectores, incluyendo universidades, organizaciones de la sociedad civil y congresistas de oposición.

Los cuestionamientos giran en torno a si el Ejecutivo cumplió con todos los requisitos legales para la expedición del decreto, si los funcionarios encargados estaban debidamente habilitados para firmar en representación de los ministros ausentes, y si el uso de estos encargos podría tener efectos jurídicos sobre la validez del acto administrativo.

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