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Corte convoca audiencia preparatoria en el caso Fonade contra el ministro Benedetti

Armando Benedetti deberá comparecer este 15 de septiembre en el proceso que lo investiga por presuntas irregularidades cometidas cuando era senador.

Benedetti minInterior
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 12/09/2025 - 19:26 Créditos: Red social X @AABenedetti / ministro del Interior, Armando Benedetti

La Corte Suprema de Justicia programó para este lunes 15 de septiembre, a las 4:30 p.m., la primera audiencia preparatoria de juicio contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del proceso que se le sigue por el caso Fonade. El funcionario deberá responder por presuntas irregularidades cometidas durante su paso por el Congreso de la República.

De acuerdo con la agenda oficial del Alto Tribunal, la diligencia corresponde a la “audiencia pública preparatoria, seguida en contra de Armando Alberto Benedetti, exsenador. Esta etapa procesal marca un avance clave en la investigación, que lleva varios años bajo estudio de la Sala de Primera Instancia.

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La acusación formal contra Benedetti se notificó en febrero de 2025, pocas semanas después de que fuera nombrado jefe de despacho del presidente Gustavo Petro. Su designación generó cuestionamientos en sectores políticos y de opinión pública debido al peso del proceso en su contra y a la cercanía del cargo con el mandatario.

En respuesta al llamado de la Corte, el ministro del Interior aseguró que no se trata del inicio del juicio, sino de una audiencia preparatoria. 

“Aclaro: este NO es el inicio de ningún juicio. Espero que la Sala decrete las pruebas solicitadas por mi defensa”, declaró Benedetti. También cuestionó decisiones previas de la magistrada Cristina Lombana y reiteró su confianza en obtener un juicio imparcial.

El proceso judicial avanza mientras Benedetti cumple un papel determinante dentro del Gobierno en asuntos como la aprobación del presupuesto de 2026, la coordinación de iniciativas de paz y las relaciones con otros poderes del Estado. Su situación jurídica se convierte así en un factor adicional de tensión política en un momento clave para la administración Petro.

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