Controversia por nombramiento de abogada sancionada por caso de ‘falsos positivos’ en Comisión de DDHH

La reciente contratación de la abogada Lorena Leal Castaño como asesora jurídica de la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha generado una ola de cuestionamientos por su implicación en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’.

Leal firmó el contrato el pasado 10 de abril con vigencia hasta el 19 de julio de 2025, por un monto total de 26 millones de pesos, distribuidos en cinco pagos. Según el portal Vorágine, este no es el primer vínculo de la abogada con el Congreso: desde 2022 ha suscrito cinco contratos con el Senado y también ha trabajado en el Ministerio de Defensa y la Agencia Nacional de Tierras.

Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por señalamientos. Un documento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la menciona por su participación en diligencias que habrían buscado encubrir ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander. La abogada fue sancionada en 2014 por el Consejo Superior de la Judicatura, y se le acusa de haber asesorado a militares para presentar denuncias falsas contra un fiscal que investigaba falsos positivos.

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La controversia crece debido a su aparente cercanía con la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, a quien Leal habría visitado varias veces en el Congreso entre 2023 y 2024. Además, ha sido promovida por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados —que representa internacionalmente al expresidente Álvaro Uribe— como experta en justicia transicional.

En respuesta, Leal defendió su idoneidad profesional, destacando su formación académica y su reciente publicación sobre derechos territoriales de comunidades afrodescendientes. Negó que Cabal estuviera involucrada en su contratación y aseguró que los señalamientos en su contra se basan en “versiones falsas” dadas por comparecientes ante la JEP.

Pese a sus aclaraciones, el nombramiento ha provocado indignación entre defensores de derechos humanos y sectores políticos que cuestionan la coherencia de su inclusión en una comisión dedicada a promover la verdad y la justicia.

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