36 países, principalmente africanos, con restricción de ingreso a EEUU por “actividades antiamericanas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue endureciendo su política migratoria. Según un memorando del Departamento de Estado revelado por The Washington Post, la administración Trump planea ampliar significativamente la lista de países con restricciones de ingreso al territorio estadounidense.

Actualmente conformada por 19 naciones, la lista crecería hasta incluir a 36 países adicionales, en su mayoría africanos, cuyos ciudadanos enfrentarían serios obstáculos para ingresar a Estados Unidos. Las nuevas restricciones se aplicarían a territorios cuyos gobiernos —según Washington— no garantizan documentos de identidad confiables o no cooperan adecuadamente con las autoridades estadounidenses.

Entre los países señalados están Angola, Ghana, Nigeria, Etiopía, Egipto y Sudán del Sur, junto con otras naciones de África, Asia, Oceanía y el Caribe. El gobierno estadounidense justifica la medida argumentando que estas naciones registran un alto número de ciudadanos con visas vencidas, carecen de gobiernos centrales eficaces y, en algunos casos, han sido identificados con "actividades antiamericanas o antisemitas" dentro del territorio estadounidense.

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El documento también advierte que los países en cuestión deberán presentar al gobierno de EE. UU. un plan detallado para cumplir con ciertos requisitos de seguridad y verificación de identidad si quieren evitar sanciones más severas.

Esta iniciativa recuerda la polémica "prohibición musulmana" implementada por Trump durante su primer mandato, que prohibía la entrada de ciudadanos de países de mayoría musulmana bajo el argumento de prevenir atentados terroristas en territorio estadounidense. Según el propio presidente, dicha estrategia fue efectiva para evitar hechos similares a los ocurridos en Europa.

Las nuevas restricciones sumarían a países como Siria, Kirguistán, Camboya, Tonga, Tuvalu, y varias naciones del Caribe, como Santa Lucía y Antigua y Barbuda. Estas se añadirían a otras ya afectadas desde el pasado 4 de junio, entre ellas Afganistán, Irán, Somalia, Libia, Cuba y Venezuela.

La propuesta ha generado inquietudes en sectores diplomáticos, defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales, quienes cuestionan los criterios de selección y advierten sobre el riesgo de discriminación sistemática bajo pretextos de seguridad nacional.

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