Carlos Ramón González asegura ser víctima en caso Ungrd: "es una terrible injusticia"

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), enfrenta una posible medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador lo señala de haber participado activamente en el entramado de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Durante la audiencia, González rechazó las acusaciones y aseguró ser víctima de una persecución infundada. “Es una terrible injusticia que se está cometiendo contra mí en este caso, del cual hoy soy víctima”, expresó el exfuncionario.

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Su abogado, Iván Cancino, cuestionó la solidez de la acusación de la Fiscalía, asegurando que el caso se basa únicamente en el testimonio del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, quien fue beneficiado con un principio de oportunidad. “Es un testigo mentiroso que sólo pretende obtener beneficios judiciales a cambio de incriminar al exdirector del Dapre”, afirmó Cancino.

Además, la defensa denunció que la Fiscalía estaría manipulando el proceso y utilizando elementos sin sustento, como la supuesta asistencia virtual de González a una audiencia desde Nicaragua. 

“Si sale o entra del país está en todo su derecho, porque no tiene ningún tipo de medida que se lo restrinja”, dijo el abogado, quien además aseguró que su cliente ha respondido a los llamados judiciales. “No es cierto que no tenga intención de comparecer”, agregó.

Por su parte, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, defendió la solicitud de medida de aseguramiento, argumentando que existen “pruebas contundentes” y no simples sospechas. Aseguró que González representa un riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia. “Sí existe un riesgo de que evada la justicia”, sostuvo.

Según el expediente, la Fiscalía acusa a González de haber ordenado, desde el Dapre, pagos ilícitos por $70.000 millones para garantizar respaldo político en el Congreso. Los beneficiarios habrían sido los entonces presidentes del Senado, Iván Name, con $60.000 millones, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con $10.000 millones. Posteriormente, la modalidad del soborno habría cambiado a entregas de dinero en efectivo, por un total de $4.000 millones repartidos entre ambos congresistas.

El caso continúa en curso mientras se define si se impone o no la medida de aseguramiento contra el exdirector del Dapre.

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