Procuraduría inicia juicio contra Julian Caicedo pareja de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

La Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario formal contra Carlos Julián Caicedo Cano, asesor vinculado actualmente al Instituto Nacional de Vías (Invías), por presunta transgresión al régimen de inhabilidades e incompatibilidades al haber suscrito, de manera simultánea, contratos con más de una entidad del Estado.

El funcionario también ha sido objeto de atención pública en razón de su relación sentimental con el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

La apertura del juicio disciplinario se fundamenta en hechos verificados por el órgano de control, que evidencian que Caicedo Cano tomó posesión de su cargo en el Invías el 24 de enero de 2023, al tiempo que se encontraba vigente un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, en Medellín.

Dicho contrato, según la documentación analizada, mantuvo validez entre el 30 de enero y el 17 de octubre del mismo año.

La existencia simultánea de ambos vínculos contractuales —uno como servidor público y otro como contratista de una entidad estatal— motivó la intervención del Ministerio Público, que busca esclarecer si se incurrió en una infracción al marco normativo que regula las inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios públicos.

Este régimen establece que quien ejerce funciones públicas no puede, de manera paralela, mantener contratos con entidades del Estado, debido a los principios de legalidad, moralidad, transparencia y responsabilidad que rigen la función pública.

Aunque la Procuraduría ha señalado que el proceso no tiene como objeto examinar la relación personal del investigado con el presidente de Ecopetrol, esta circunstancia ha generado debate público sobre eventuales conflictos de interés o favorecimientos irregulares. No obstante, tales elementos no han sido incluidos formalmente dentro del expediente disciplinario.

La calificación jurídica provisional de la conducta investigada corresponde a una “falta gravísima”, presuntamente cometida con “culpa gravísima”, lo cual representa uno de los grados más altos de reproche disciplinario establecidos por la Ley 734 de 2002, que regula el Código Disciplinario Único.

Esta clasificación implica que, de ser declarado responsable, el investigado podría recibir sanciones que incluyen desde la suspensión temporal en el ejercicio de funciones hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período determinado.

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Durante el desarrollo del proceso, la Procuraduría ha recopilado material probatorio de carácter documental y testimonial. Las pruebas obtenidas fueron consideradas suficientes para dar inicio a la etapa de juicio disciplinario.

En esta fase, tanto el investigado como la entidad podrán presentar sus argumentos de defensa, así como solicitar la práctica de pruebas adicionales, antes de que se dicte una decisión definitiva.

La Procuraduría también informó que, de acuerdo con los términos establecidos en la legislación vigente, el proceso en cuestión podría prescribir el 6 de agosto de 2027, lo que implica la necesidad de avanzar sin dilaciones en la tramitación del expediente para evitar la extinción de la acción disciplinaria por el paso del tiempo.

Mientras continúa la etapa de juzgamiento, Caicedo Cano permanece vinculado al Instituto Nacional de Vías, sin que se haya producido, hasta el momento, una suspensión provisional del cargo ni se haya solicitado su separación temporal mientras se surte el proceso disciplinario.

Este caso se suma a otros procesos recientes en los que la Procuraduría ha hecho énfasis en la necesidad de reforzar los controles internos de contratación pública y de preservar los principios que rigen la función estatal, particularmente en lo concerniente a la prevención de situaciones que puedan derivar en conflictos de interés, uso indebido de la posición institucional o vulneraciones al ordenamiento jurídico en materia de empleo público.

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