Perros y gatos del Refugio Franciscano, en el centro de un litigio por 900 animales entre fundación y autoridades

La semana pasada, la Jueza Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, ordenó medidas de intervención en el predio donde funcionaba el Refugio Franciscano, como resultado de una suspensión provisional otorgada a la asociación civil Despacho Va por sus Derechos.

Dicha asociación, dedicada a la protección legal de animales, había promovido un juicio de amparo en respuesta a presuntas omisiones de las autoridades locales ante denuncias de maltrato animal en el lugar.

La decisión judicial activó un operativo el 7 de enero encabezado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), cuya titular, Bertha María Alcalde Luján, confirmó que se llevó a cabo el cateo del predio ubicado en Cuajimalpa.

Durante la intervención fueron identificados 936 animales, de los cuales 798 mostraban signos compatibles con crueldad o maltrato. Según el reporte oficial, se trata de 759 perros y 39 gatos, muchos de los cuales presentaban condiciones graves de salud.

La fiscalía dio inicio formal a la investigación en diciembre de 2025, tras recibir múltiples denuncias ciudadanas sobre presuntos abusos y condiciones insalubres dentro del refugio.

El lugar está inmerso en un proceso legal entre la organización Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, ambos actores en disputa por el dominio del terreno ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca.

Según el Despacho Va por sus Derechos, los animales han quedado atrapados como parte de ese litigio, bajo condiciones que comprometen su salud y bienestar.

La jueza determinó que la suspensión tenía como fin proteger tanto la salud pública de la zona aledaña como la integridad física de los animales.

En su resolución, solicitó a las autoridades implementar medidas proporcionales para salvaguardar a los animales, sin que ello implicara otorgar resguardo o control del predio a la asociación demandante, que aclaró no tener interés en beneficios particulares ni en la tenencia de los animales.

Sin embargo, organizaciones independientes denunciaron que la intervención trajo nuevas complicaciones.

A través de una grabación en video, representantes de la Asociación Reserva para la Flora y Fauna Silvestre, con sede en el Ajusco, afirmaron que el gobierno capitalino los obligó a recibir a cientos de perros provenientes del Refugio Franciscano, pese a la falta de condiciones para atenderlos.

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Según su testimonio, funcionarios acompañados de personal de seguridad intentaron ingresar a su predio y les impusieron el traslado de animales sin previo aviso ni coordinación.

El testimonio indica que la Agencia de Atención Animal (AGATAN) no completó la infraestructura prometida para atender situaciones como esta, y que, a raíz del operativo, se les cerró el acceso a sus propias instalaciones, impidiendo continuar con sus funciones regulares.

La denuncia apunta a la falta de recursos para alimentar a la gran cantidad de animales y al riesgo de que sus espacios sean apropiados sin orden judicial.

En paralelo, la Fiscalía de Ciudad de México presentó un informe pericial elaborado por una veterinaria y zootecnista que visitó el Refugio Franciscano en diciembre de 2025.

El peritaje documenta hacinamiento, presencia de enfermedades crónicas y venéreas, y suministro de alimentos inadecuados para los perros, incluyendo productos dañinos como donas cubiertas de chocolate y pan en descomposición.

Se identificaron también casos severos de desnutrición y desequilibrio nutricional sostenido, lo que, según el dictamen, confirma una situación crítica de maltrato sistemático.

Por su parte, el Refugio Franciscano cuestionó la legalidad del operativo y emitió un comunicado en el que afirma que la intervención respondió a intereses inmobiliarios y no a un verdadero objetivo de protección animal.

La organización, que ha operado en el lugar por varios años, sostiene que cuenta con una resolución judicial a su favor que no fue tenida en cuenta durante la acción del 7 de enero.

Según el comunicado, el desalojo fue ejecutado sin previo aviso, sin derecho a réplica y sin aclaraciones sobre el destino de los animales.

La organización también aseguró que separar a los animales de sus cuidadores representa, por sí solo, un acto de maltrato, y que varios de ellos podrían haber sufrido afectaciones emocionales y físicas como consecuencia del traslado forzado.

Adicionalmente, reiteraron su sospecha de que detrás del proceso se encuentra la intención de construir un proyecto inmobiliario tras la modificación del uso del suelo que, aseguran, fue promovida por la Fundación Haghenbeck.

En respuesta, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama difundió un boletín en el que defiende el operativo e insiste en que su motivación principal es garantizar la salud y el bienestar de los animales.

Señala que en menos de un mes se realizaron 300 tratamientos veterinarios, se desparasitaron a todos los ejemplares y se tomaron acciones de saneamiento del predio.

Según su versión, el entorno donde se encontraban los animales estaba contaminado por heces, orina, humedad y la presencia de roedores, lo que representaba un foco de insalubridad no solo para los animales sino también para la comunidad.

La Fundación agradeció públicamente el respaldo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, e insistió en que la intervención en el predio tiene como objetivo garantizar la vida de los seres sintientes.

Mientras tanto, los procedimientos legales continúan y tanto la propiedad del terreno como el futuro de los animales permanece en disputa ante diversas instancias judiciales.

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