Oppenheimer cuestiona tiempos de respuesta de la Corte Penal Internacional en caso de Nicolás Maduro

El periodista y analista Andrés Oppenheimer intensificó sus cuestionamientos a la Corte Penal Internacional (CPI) por la ausencia de una orden de captura contra Nicolás Maduro, pese a los abundantes informes que documentan crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A las críticas planteadas en su más reciente columna, el autor sumó un pronunciamiento directo en su cuenta de X, en el que puso en duda la actuación del fiscal del tribunal.

“La Corte Penal Internacional tardó solo un año en investigar y ordenar el arresto de Vladimir Putin, pero ya lleva seis años investigando a Maduro sin emitir una orden de captura. ¿Está protegiendo a Maduro el fiscal?”, escribió Oppenheimer, al comparar ambos procesos judiciales internacionales.

En su análisis, el columnista recuerda que la CPI abrió una investigación preliminar sobre Venezuela en 2018, a solicitud de seis países, y que esta se convirtió en una investigación formal en 2021. Sin embargo, a diferencia de otros casos recientes, el tribunal no ha anunciado siquiera su intención de solicitar una orden de arresto contra el mandatario venezolano.

Oppenheimer contrasta este caso con la rapidez mostrada frente a otros líderes. En 2024, la CPI emitió una orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes cometidos durante la invasión a Ucrania, tras cerca de un año de investigación. Asimismo, el fiscal Karim Khan anunció en un plazo de siete meses que buscaría órdenes de arresto contra el líder de Hamás, Yahya Sinwar, y contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por hechos relacionados con la guerra en Gaza, aunque estas aún no han sido formalizadas.

La falta de avances en el caso venezolano ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Erika Guevara-Rosas, directora de incidencia de Amnistía Internacional, calificó como alarmante el silencio del fiscal frente al agravamiento de la crisis en Venezuela y pidió acciones inmediatas. En la misma línea, más de una docena de exjefes de organismos regionales de derechos humanos de América Latina exhortaron a la CPI a actuar sin más dilaciones.

Santiago Cantón, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas y exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que existe un exceso de paciencia por parte de la Fiscalía. A su juicio, las muertes y desapariciones documentadas hacen imposible seguir aplazando decisiones de fondo.

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El fiscal Karim Khan afirmó recientemente que su despacho sigue “monitoreando activamente” la situación en Venezuela. No obstante, fuentes cercanas a la CPI señalan que el funcionario considera necesario permitir primero que los tribunales venezolanos actúen, un argumento que Oppenheimer cuestiona al señalar que el sistema judicial del país está controlado por el propio régimen.

La columna recuerda que, según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, más de 7.000 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por fuerzas del Estado venezolano en un período de 18 meses. A ello se suman, tras las elecciones del 28 de julio, al menos 23 muertos en protestas y más de 2.200 detenidos, de acuerdo con organizaciones de monitoreo.

Para Oppenheimer, una eventual orden de captura contra Maduro sería una herramienta decisiva para presionar una transición democrática negociada en Venezuela. De lo contrario, advierte, la inacción prolongada de la CPI podría convertirse en un escándalo internacional y en un golpe adicional a la credibilidad del tribunal.

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