Abren investigación disciplinaria contra fiscales por huida de Carlos Ramón González

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación formal contra dos fiscales que estuvieron al frente del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tras señalamientos de presuntas demoras que habrían incidido en la evasión de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

El proceso disciplinario involucra a María Cristina Patiño González y Gabriel Sandoval Vargas, fiscales novena y once delegados ante la Corte Suprema de Justicia. La actuación busca establecer si existió una mora injustificada y deliberada en la formulación de la imputación, en la solicitud de medida de aseguramiento y en la gestión de la circular roja de Interpol contra González, hoy prófugo y protegido en Nicaragua bajo asilo político.

La apertura de la investigación se originó en una denuncia presentada por Pablo Bustos, abogado de las víctimas del caso Ungrd, quien sostuvo que las dilaciones en decisiones judiciales clave terminaron por beneficiar al exfuncionario, al impedir una reacción oportuna de las autoridades para su captura internacional.

En un comunicado, la Comisión explicó que el objetivo del proceso es determinar si la conducta de los fiscales vulneró sus deberes funcionales y si ello derivó en consecuencias disciplinarias. Para ello, se adelantarán pruebas documentales y testimoniales que permitan reconstruir la línea de tiempo de las actuaciones judiciales.

El caso tomó mayor notoriedad pública tras la difusión de imágenes de González en una fiesta vallenata en Managua, el 11 de diciembre, lo que evidenció que el exfuncionario permanecía en libertad fuera del país mientras avanzaba el proceso en Colombia. Según información oficial, el Estado colombiano tenía conocimiento desde noviembre de 2024 de su permanencia en Nicaragua, pero la circular roja de Interpol solo fue autorizada meses después, pese a que la solicitud inicial se había hecho a comienzos de julio.

Lea también: (Capturan en Bogotá a ciudadano costarricense con circular roja de Interpol por estafa)

La Fiscalía General de la Nación sostiene que González fue el cerebro de un entramado de corrupción en la Ungrd, mediante el cual se desviaron recursos públicos y se pagaron sobornos a congresistas y altos funcionarios a cambio de apoyo político. Entre los delitos que se le imputan figuran cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos.

Dentro del expediente se detallan entregas de dinero que habrían beneficiado a Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente, recursos que provenían de contratos para la compra de carrotanques destinados a comunidades indígenas de La Guajira. Ambos congresistas ya se encuentran detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia.

La investigación disciplinaria contra los fiscales se suma a la presión institucional y pública sobre el manejo judicial de uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno. Mientras tanto, la situación de González sigue sin resolverse, en medio de obstáculos diplomáticos y jurídicos que han impedido su extradición y mantienen el caso como un símbolo de las dificultades del Estado para garantizar justicia en procesos de alto impacto político.

Otras noticias