Publicidad
Publicidad
Corte Suprema de EE. UU. frena deportación venezolanos a El Salvador bajo ley del siglo XVIII
El tribunal suspendió el uso de una norma de 1798 invocada por Donald Trump para enviar a supuestos pandilleros a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este sábado la deportación de un grupo de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, que estaban detenidos en Texas y cuyo traslado a una cárcel en El Salvador había sido ordenado bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El presidente Donald Trump recurrió el mes pasado a esta norma —casi nunca utilizada desde su promulgación hace más de dos siglos— para justificar la expulsión de presuntos pandilleros. La ley fue usada anteriormente solo durante conflictos como la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
“Se ordena al gobierno no expulsar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de esta corte”, estableció el máximo tribunal en su fallo.
La medida responde a un recurso de urgencia presentado por la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), que denunció que los migrantes retenidos no habían sido notificados ni se les había permitido impugnar legalmente su expulsión. Algunos ya habían sido trasladados a autobuses rumbo al aeropuerto, alertó la organización.
Lea también: (Secretaría de la Mujer de Bogotá: investigan millonarios contratos)
De acuerdo con los abogados defensores, varios de los venezolanos ya deportados a El Salvador no tenían vínculos con organizaciones criminales y fueron estigmatizados principalmente por tener tatuajes visibles.
Trump, quien ha endurecido su discurso migratorio durante su actual campaña presidencial, acusó a Venezuela de estar “invadiendo” Estados Unidos con integrantes del Tren de Aragua, y prometió la expulsión masiva de migrantes indocumentados si regresa a la Casa Blanca.
Los venezolanos deportados están siendo enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en el sureste de San Salvador. Con capacidad para 40.000 reclusos, este penal es considerado el más grande de América Latina, y ha sido duramente criticado por sus condiciones: celdas sin ventanas, camas metálicas sin colchón y ausencia de visitas familiares.
La semana pasada, la Corte Suprema ya había obligado al gobierno a facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado por error bajo la misma ley, a pesar de contar con estatus legal protegido desde 2019. Aunque se reconoció un “error administrativo”, las autoridades federales alegaron que no podían corregirlo porque el hombre ya se encontraba encarcelado en El Salvador.
El fallo del máximo tribunal representa un freno a las polémicas medidas migratorias de Trump y reabre el debate sobre el uso de leyes arcaicas en el contexto actual, especialmente cuando los derechos humanos y el debido proceso están en juego.
Otras noticias
Etiquetas
