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Colombianos incluidos en la Lista Clinton por entrenar combatientes para grupo armado en Sudán
Estados Unidos sanciona a red colombiana por reclutar exmilitares para guerra en el país africano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el bloqueo de bienes e intereses financieros de siete personas y empresas colombianas, así como de una entidad panameña, por su participación en el reclutamiento de exmilitares que han contribuido al fortalecimiento de grupos armados en Sudán.
La decisión forma parte de un conjunto de sanciones impuestas en respuesta al agravamiento de la guerra civil en ese país africano, que ha sido calificada por Washington como la crisis humanitaria más grave de la actualidad.
El pronunciamiento, dado a conocer por el gobierno del presidente Donald Trump, se enfoca en las operaciones de una red transnacional con epicentro en Bogotá, encargada de reclutar combatientes y facilitar flujos financieros para el grupo armado Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), organización paramilitar señalada de crímenes contra civiles.
Dentro de los hallazgos, se documenta la participación de ciudadanos colombianos en operaciones militares que han culminado en ataques a poblaciones civiles, incluyendo el uso de menores como combatientes.
La OFAC indicó que, desde el inicio del conflicto armado sudanés en abril de 2023, las RSF y sus aliados han perpetrado ataques sistemáticos contra civiles, incluyendo asesinatos, torturas y violencia sexual.
Según el comunicado oficial, el 26 de octubre de 2025, combatientes colombianos apoyaron la toma de El Fasher tras un cerco prolongado de 18 meses, hecho tras el cual se produjeron asesinatos en masa y otras acciones calificadas como genocidio por el Departamento de Estado estadounidense en enero del mismo año.
El Departamento del Tesoro advirtió que la guerra en Sudán representa una amenaza para la estabilidad regional y puede generar condiciones favorables para la expansión de actores hostiles a los intereses de seguridad de Estados Unidos.
En ese sentido, exhortó a la comunidad internacional a cesar el financiamiento y la provisión de recursos militares a las partes enfrentadas.
Entre los sancionados figuran cuatro empresas y cuatro personas. Desde Colombia, la lista incluye a la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), Maine Global Corp SAS y Comercializadora San Bendito.
Desde Panamá, se encuentra Global Staffing SA, actualmente registrada como Talent Bridge SA. Las personas incluidas son Álvaro Andrés Quijano Becerra, Claudia Viviana Oliveros Forero, Mateo Andrés Duque Botero y Mónica Muñoz Ucros.
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De acuerdo con la información oficial, Álvaro Andrés Quijano Becerra, exmilitar colombiano con ciudadanía italiana, reside en Emiratos Árabes Unidos y lidera la estructura de reclutamiento.
Las autoridades estadounidenses señalaron que su red se conecta con antecedentes de colaboración con el Cartel del Norte del Valle y que opera con el respaldo de una infraestructura empresarial dedicada al reclutamiento, traslado y financiación de excombatientes.
A4SI ha sido identificada como el principal centro de captación de personal en Colombia, mediante campañas realizadas en plataformas digitales y reuniones informales.
Esta empresa también habría suscrito acuerdos para la vinculación de operadores de drones, francotiradores y traductores.
La relación entre A4SI y la firma panameña Global Staffing SA, ahora llamada Talent Bridge SA, está sustentada en la triangulación de contratos y flujos financieros que buscan reducir la exposición jurídica de las operaciones.
Según la OFAC, ambas compañías comparten infraestructura digital y vínculos administrativos, como la participación de Claudia Viviana Oliveros Forero en cargos directivos en ambas sociedades.
Por su parte, Maine Global Corp SAS ha servido como intermediaria financiera, canalizando pagos y operaciones de cambio con apoyo de empresas estadounidenses.
Esta firma, dirigida por Mateo Andrés Duque Botero, ha procesado la nómina de los combatientes colombianos y ejecutado transferencias en dólares a partir de recursos obtenidos en euros y pesos colombianos. Entre 2024 y 2025, el volumen de estas operaciones superó varios millones de dólares.
Comercializadora San Bendito también participó en este esquema, realizando transferencias con entidades vinculadas al mismo entramado.
Las sanciones implican el bloqueo inmediato de todos los activos de los designados bajo jurisdicción estadounidense, así como de aquellas entidades en las que los sancionados tengan participación igual o superior al 50 %.
Además, se prohíben todas las transacciones que involucren a personas o empresas estadounidenses, a menos que existan licencias específicas emitidas por la OFAC.
Las autoridades recalcaron que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones civiles o penales tanto para ciudadanos como para empresas, sin distinción de nacionalidad.
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