Víctimas de autodefensas en Córdoba y Santander: reciben apoyo y bienes para indemnización

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, realizó dos jornadas de atención a víctimas de los grupos paramilitares que delinquieron en el norte del país.

Las jornadas integrales se cumplieron entre el 8 y el 11 de agosto, en los municipios de Montería (Córdoba) y en Cimitarra (Santander) a las que asistieron 552 víctimas. 

Entre los grupos a los que se atribuyen los delitos están: la estructura paramilitar Henry y Gonzalo Pérez de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, el Bloque Córdoba y la Casa Castaño.

De estas jornadas hicieron parte servidores de los grupos de Persecución de Bienes; Judicialización de Hechos; Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube); todos adscritos a la Dirección de Justicia Transicional e investigadores del CTI.

Jornada en Montería (Córdoba)

Este evento tuvo lugar en el auditorio de la Cámara de Comercio de la capital cordobesa. En total fueron atendidas 352 víctimas del Bloque Córdoba y la Casa Castaño. 

Esta jornada fue apoyada por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Mapp OEA, Personería Municipal, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y la Policía Nacional.

Durante esta jornada se realizaron 255 entrevistas, fueron diligenciados 25 nuevos formatos de registro de hechos, y se tomaron 34 muestras biológicas de referencia en procura de identificar a víctimas de desaparición forzada. 

Además se realizaron diligencias de exhumación en Montería y se recuperaron los cuerpos de dos víctimas del conflicto armado. El proceso de identificación será adelantado en el laboratorio del CTI de Barranquilla.

El Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas dos inmuebles en zona rural de Montería (Córdoba). Los activo harían parte del patrimonio ilegal de integrantes de las AUC, y su valor alcanza los 44.682 millones de pesos.

Uno de los bienes que sobresale en esta entrega es la finca La Caña, avaluada en 44.142 millones de pesos. Este inmueble se relaciona con el Clan Cifuentes Villa, presuntamente responsable de la financiación de grupos de autodefensas creados por los hermanos Castaño Gil y la Oficina de Envigado que comandó Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.

Y en la Casa de la Cultura de Cimitarra fue el lugar donde se dieron cita fiscales y servidores de policía judicial quienes atendieron a 200 víctimas. En esta jornada fueron diligenciados 47 nuevos formatos de registro de hechos y se realizaron 41 entrevistas.

Igualmente se ubicaron las víctimas del desplazamiento forzado producto de la masacre conocida como La Tata, cometida el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra (Santander). En este hecho fue asesinada la periodista Silvia Margarita Duzán y varios integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC).

También fueron entregados al Fondo para la Reparación a las Víctimas 6 inmuebles ubicados en zona rural de Cimitarra (Santander). Dichos bienes harían parte del patrimonio ilegal de integrantes de la estructura paramilitar de Henry y Gonzalo Pérez, y el Bloque Puerto Boyacá. Su valor supera los 6.800 millones de pesos.

La Fiscalía determinó que los predios figuran a nombre de la viuda del excomandante Henry de Jesús Pérez Londoño y la esposa del postulado Arnubio Triana Mahecha. De esta manera, habrían querido ocultar el patrimonio ilícito.

Esta jornada contó con el apoyo de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Mesa de Víctimas Departamental y Municipal, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, el Ejército y la Policía Nacional.

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