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Tribunal condena al Estado por tragedia de Mocoa en 2017 y ordena indemnizar a las víctimas
Por omisión en la prevención del desastre, el Estado deberá reparar a las víctimas de la avalancha que dejó más de 700 muertos en Mocoa.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en los daños ocasionados a cientos de víctimas de la avalancha que arrasó con parte del municipio de Mocoa, Putumayo, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017. La decisión de primera instancia fue proferida por la magistratura con ponencia del magistrado Felipe Alirio Solarte Maya.
El fallo concluye que hubo una grave falla en el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales por parte de varias entidades del orden nacional, departamental y municipal. Estas omisiones, según el Tribunal, contribuyeron directamente a la materialización de la tragedia, que dejó más de 700 muertos, barrios enteros desaparecidos y pérdidas incalculables en viviendas, infraestructura y medios de vida.
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Entre las entidades condenadas están la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el ministerio de Ambiente, el Ideam, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), Corpoamazonía, el Municipio de Mocoa y el Departamento del Putumayo.
El Tribunal subrayó que, a pesar de que estas instituciones contaban con estudios que advertían sobre el alto riesgo en las cuencas hídricas de la región, no se implementaron medidas preventivas efectivas. En consecuencia, se ordenó el reconocimiento del derecho a la reparación de las víctimas y el pago de indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
La sentencia responde a una acción de grupo interpuesta por los afectados y accede a las pretensiones de reparación. De manera paralela, la Sección Tercera del mismo tribunal también ha emitido condenas contra el Estado por fallas en el sistema de alertas tempranas, igualmente señaladas como insuficientes en los días previos a la tragedia.
Este fallo constituye un precedente importante en materia de responsabilidad estatal por omisión en la prevención de desastres naturales y abre paso a un proceso de reparación integral para cientos de familias afectadas.
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