Solo siete de cada 100 denuncias penales en Colombia llegan a juicio, revela informe

El panorama de la justicia penal en Colombia continúa siendo crítico. Un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) reveló que más del 93 % de las denuncias presentadas en el país no alcanzan la etapa de juicio, quedando estancadas en su fase inicial de indagación.

El estudio, con corte al 4 de febrero de 2025, analizó el desempeño del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) durante el último año, tomando como base los registros de la Fiscalía General de la Nación. Los resultados indican que la mayoría de los casos permanecen sin avances procesales y que la congestión del sistema sigue en aumento.

Durante 2024 se reportaron 1.871.244 nuevas denuncias bajo la Ley 906 de 2004. De estas, casi la mitad (49,2 %) ya figura como inactiva, mientras el 50,8 % continúa en trámite. Al comenzar 2025, el SPOA acumulaba más de 3,4 millones de casos activos, un incremento del 12,9 % frente al año anterior.

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El informe resalta que el 97,9 % de los procesos inactivos se concentran en la etapa de indagación, donde los expedientes suelen permanecer archivados o suspendidos sin resolución judicial. En muchos casos, las investigaciones se cierran sin establecer responsabilidades ni ofrecer respuestas a las víctimas.

Otro hallazgo preocupante es la disminución en la capacidad de cierre de procesos. En 2024, la Fiscalía finalizó 1.455.495 denuncias, lo que representa una reducción del 23,7 % respecto a 2023. La mayoría de estos cierres se dio por archivo de diligencias, ya sea por falta de pruebas, desistimiento del denunciante o inactividad procesal.

Aunque el 69 % de los casos se tramitaron mediante el procedimiento penal abreviado —creado para agilizar procesos—, la simplificación no ha sido suficiente para descongestionar el sistema. Según la CEJ, los retrasos obedecen principalmente a la escasez de fiscales y a los altos niveles de provisionalidad: en 2024, el 79,9 % de los 4.685 cargos de la Fiscalía no eran de planta.

El informe concluye que el sistema penal colombiano logra iniciar investigaciones, pero no cerrarlas de manera efectiva. “El panorama es desalentador: el sistema no está resolviendo los delitos, sino gestionando su propia congestión mediante la renuncia a investigarlos”, advierte el documento.

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