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Recuerdan a las CAR su obligación de atender el control político del Congreso
Ministerio Público exhortó a las autoridades ambientales regionales a cumplir con los requerimientos de senadores y representantes.
La Procuraduría General de la Nación emitió una nueva circular dirigida a los directores y consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible, recordándoles su deber de facilitar el control político ejercido por el Congreso de la República.
El órgano de control advirtió que, pese a su autonomía administrativa y financiera, las CAR están obligadas a responder de manera oportuna, veraz y diligente a citaciones, cuestionarios, debates y solicitudes de información formuladas por senadores y representantes, tal como lo establece el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992.
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“La autonomía de las CAR no puede entenderse como un obstáculo para la rendición de cuentas ni para el ejercicio del control político por parte del Congreso”, señaló la Procuraduría, al tiempo que recordó que este mecanismo es una expresión de los principios democráticos y de la soberanía popular.
El documento también subraya que la transparencia en la gestión ambiental es un mandato reforzado por el Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia, que exige a las autoridades públicas garantizar el acceso a la información ambiental, especialmente cuando es solicitada por el órgano legislativo.
Con esta advertencia preventiva, la Procuraduría busca asegurar que las CAR cumplan con sus obligaciones legales y constitucionales, y fortalezcan su disposición al escrutinio público y la vigilancia democrática.
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