Procuraduría suspende a exdirectores de Justicia Penal Militar por incumplir la Ley de Cuotas de género

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por cinco meses a Fabio Espitia Garzón y José Reyes Rodríguez Casas, exdirectores de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, por incumplir la Ley 581 de 2000, conocida como la Ley de Cuotas. Esta normativa exige que al menos el 30% de los cargos decisorios en entidades públicas estén ocupados por mujeres, promoviendo la equidad de género en el ámbito gubernamental.

Según el organismo de control, los exfuncionarios no cumplieron con sus responsabilidades legales en diferentes periodos de su administración. Fabio Espitia Garzón incurrió en la falta entre el 1 y el 2 de enero, así como del 8 al 26 de septiembre de 2022. Por su parte, José Reyes Rodríguez Casas vulneró la normativa entre el 28 de septiembre y el 31 de diciembre del mismo año.

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La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento determinó que ambos exdirectores incurrieron en una falta gravísima a título de culpa grave. Su incumplimiento representó una violación directa al artículo 4°, literal b) de la Ley 581 de 2000, que establece un porcentaje mínimo obligatorio de participación femenina en cargos directivos.

Además de la suspensión temporal, la sanción incluye la devolución de los salarios recibidos durante los cinco meses que dura la medida, lo que equivale a cerca de 68 millones de pesos para cada exfuncionario. Esta decisión refleja la gravedad del incumplimiento de una ley diseñada para garantizar la representación equitativa de género en los niveles más altos de toma de decisiones.

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial ya no cuenta con Espitia Garzón ni Rodríguez Casas en sus respectivos cargos. La Procuraduría hizo énfasis en la importancia de cumplir con los mandatos legales para avanzar en la equidad de género dentro de las instituciones públicas.

La Ley 581 de 2000 es una de las herramientas más relevantes en Colombia para garantizar que las mujeres tengan acceso a espacios de poder y decisión en el sector público. 

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