Procuraduría formula cargos por irregularidades en millonario contrato entre el Ministerio del Interior y Telecafé

La Procuraduría General de la Nación ha tomado acción contra altos funcionarios del Ministerio del Interior y un exgerente de Telecafé por presuntas irregularidades en un contrato millonario suscrito en 2023. Juan Manuel Reyes Álvarez, entonces secretario general del Ministerio del Interior, Álvaro Echeverry Londoño, director de la Autoridad Nacional de Consulta previa, y Martín Fernando Montoya García, exgerente encargado de Telecafé, se enfrentan a un pliego de cargos que apunta a esclarecer las circunstancias que rodean el acuerdo.

El contrato, firmado el 24 de marzo de 2023, tenía como objetivo la prestación de servicios de operación logística de eventos, encuentros y actividades requeridos por el Ministerio del Interior, con un valor que superaba los $ 61.900 millones. Sin embargo, la Procuraduría cuestiona la idoneidad técnica y física de Telecafé para llevar a cabo dichos servicios.

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Según las investigaciones, Telecafé subcontrató la totalidad de las obligaciones del contrato con otras empresas, por un valor cercano a los $ 57.000 millones. Esto implicó que toda la operación y suministro previstos en el contrato interadministrativo fueran delegados a terceros, sin asumir ninguna responsabilidad directa por parte de Telecafé. La Procuraduría sostiene que esto convirtió a Telecafé en un mero intermediario, evadiendo el proceso de selección que debía llevarse a cabo.

Los cargos formulados por la Procuraduría apuntan principalmente a Reyes Álvarez y Montoya García, quienes suscribieron el contrato interadministrativo, así como a Echeverry Londoño, responsable de elaborar el estudio previo y la justificación del convenio que afirmaba la capacidad de Telecafé para ejecutar las obligaciones contratadas.

Las conductas reprochadas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima, evidenciando la seriedad de las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de contratación. La Procuraduría espera esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso que ha generado gran atención en el ámbito público y legal.

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