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Procuraduría abre investigación por presunto fraude en premio mayor de la Lotería de Medellín
La esposa del subgerente de la entidad habría resultado ganadora de $1.000 millones; el presidente Petro pidió esclarecer el caso y la Procuraduría respondió con una indagación disciplinaria.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria tras las denuncias de un posible fraude en la Lotería de Medellín. El caso involucra a Rubén Callejas, subgerente de la entidad y exdiputado del Centro Democrático, cuya esposa habría sido la ganadora del premio mayor de $1.000 millones en el sorteo número 4788, jugado el 20 de junio de 2025.
El número premiado, 0539 de la serie 331, fue despachado a Medellín y ha generado polémica debido a la cercanía familiar entre la beneficiaria del premio, Luisa Jaramillo, y un alto funcionario de la misma entidad. La situación llevó a Callejas a presentar su renuncia mientras crece el escrutinio público sobre la transparencia del sorteo.
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La controversia tomó mayor relevancia nacional luego de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara en su cuenta de X, pidiendo a los órganos de control que investiguen las denuncias. “¿Es esto cierto? Los órganos disciplinarios y penales deben darnos información”, escribió el mandatario, lo que encendió aún más el debate público.
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En respuesta, la Procuraduría confirmó que el procurador general, Gregorio Eljach, ordenó la apertura inmediata de una indagación. Según el Ministerio Público, el objetivo es esclarecer si existió algún tipo de direccionamiento o irregularidad en la entrega del millonario incentivo económico.
“El procurador General, Gregorio Eljach, ordenó apertura inmediata de indagación para esclarecer posibles irregularidades en sorteo #4788, del que al parecer, resultó ganadora la esposa del subgerente Rubén Callejas”, se indicó en la red social oficial de la entidad.
El caso ha generado un amplio eco político y mediático en Antioquia y el país. Mientras la investigación disciplinaria avanza, se espera que tanto los entes de control como la Fiscalía determinen si hubo alguna vulneración de los protocolos que regulan los sorteos públicos.
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