Procuradora alerta sobre baja ejecución presupuestal y fallas en política de tierras

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, denunció graves deficiencias en la gestión presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). 

Según afirmó, de los $1.26 billones asignados para la compra de predios, solo el 33% ha sido ejecutado. El resto, equivalente a $645.000 millones, fue trasladado al Fondo Colombia en Paz sin ser utilizado.

Las declaraciones se dieron durante una sesión técnica de evaluación ante la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la sentencia SU-288 de 2022, que ordena avanzar en la ejecución de la política de tierras en el país.

Cabello destacó la importancia de la reciente implementación de la jurisdicción agraria, calificándola como un avance significativo para la reforma rural integral. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de dotar a los jueces agrarios con competencias claras y reglas diferenciales que respalden su operación.

Catastro multipropósito y fondo de tierras, lejos de las metas

En cuanto al catastro multipropósito, la procuradora señaló que solo se ha actualizado el 12.4% del área priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo, quedando muy por debajo de la meta del 70%. De los 598 municipios proyectados, solo 141 cuentan con catastro actualizado, lo que evidencia un avance insuficiente.

Respecto al Fondo de Tierras, la funcionaria alertó que aunque se reportan más de 2.3 millones de hectáreas, muchas carecen de caracterización adecuada y delimitación precisa. Según Cabello, los predios libres de ocupación representan un avance marginal de apenas el 0.001%.

Migración de registros y procesos de clarificación

Por otro lado, la Procuradora indicó que del total de casi seis millones de registros en el sistema antiguo, solo el 21% han sido migrados a las nuevas plataformas digitales, lo que genera retrasos en la consolidación de información clave para la adjudicación de tierras.

Finalmente, destacó el incremento en la intervención de los procuradores judiciales en procesos de clarificación de propiedad. En el segundo semestre del año, se consolidaron 1.132 procesos en una base de datos, cumpliendo con lo ordenado por la Corte Constitucional.

La Procuradora concluyó su intervención reiterando la urgencia de agilizar estas acciones para garantizar avances reales en la reforma agraria y el desarrollo rural integral.

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