Por irregularidades en la celebración de contratos, Fiscalía imputa cargos a exgobernador de Vaupés

La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de  requisitos legales y peculado por apropiación al exgobernador de Vaupés, Jesús María Vásquez Caicedo, con ocasión de varias irregularidades detectadas en el trámite y celebración de tres contratos que buscaban garantizar asistencia técnica agropecuaria para la población indígena del departamento.

Los contratos bajo investigación fueron firmados entre marzo de 2018 y febrero de 2019, superando un valor total de $11.069 millones. Estos contratos estaban destinados a ejecutarse en colaboración con las comunidades de Mitú, Carurú y Taraira.

En la fase previa a la celebración de los contratos, según elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía, no se realizaron las concertaciones o consultas previas con los pueblos indígenas que serían beneficiados, ni tampoco se gestionaron los permisos ambientales, ni se hicieron los estudios de mercado de rigor para tener claridad sobre el presupuesto de regalías que sería destinado.

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"Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de un equipo especializado de policía judicial, estableció que el proceso de contratación habría sido direccionado para que quedara en manos de la Asociación de Mujeres Madres Cabeza de Familia de Mitú (Amcafami)", indicó la Fiscalía.

De acuerdo con el ente de control, Amcafami no tenía por objeto la prestación de servicios de asistencia técnica rural o de extensión agropecuaria, ni figuraba en el registro de usuarios del ministerio de Agricultura. Además, no estaba capacitada para cumplir con las actividades exigidas para orientar el desarrollo proyectos productivos.

En otro aspecto, el exgobernador Vásquez Caicedo habría rebasado sus competencias, ya que la contratación del servicio público de asistencia técnica agropecuaria está asignada a los municipios y no podía ser asumida por la gobernación.

Finalmente, las evidencias permitieron identificar sobrecostos en los tres contratos por más de $3.263 millones, producto de erogaciones que superaron los precios promedio del mercado.

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