ONU alerta sobre graves deficiencias en la búsqueda de desaparecidos en Colombia

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada concluyó su visita a Colombia con un llamado contundente: las desapariciones forzadas no son solo un crimen del pasado, sino una tragedia que persiste diariamente en diferentes regiones del país. 

Según la delegación, miles de familias continúan enfrentándose a la incertidumbre y la desesperación ante la falta de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Uno de los principales obstáculos señalados es la ausencia de un registro centralizado y fiable de personas desaparecidas, con cifras que varían entre 98.000 y 200.000 casos. La situación se agrava por la existencia de miles de cadáveres sin identificar, almacenados en condiciones precarias. Un ejemplo alarmante es el hangar del aeropuerto de Bogotá, donde reposan cerca de 20.000 cuerpos sin identificar.

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Además, el Comité subrayó que las familias enfrentan un complejo marco legal e institucional que dificulta el acceso a apoyo efectivo. La delegación instó al gobierno colombiano a tomar medidas inmediatas, incluyendo una mejor coordinación entre las instituciones responsables y la implementación de acciones concretas para esclarecer los casos.

"Cada persona desaparecida representa una familia que espera respuestas, una comunidad desgarrada y una sociedad que enfrenta un dolor sin resolver", enfatizó la delegación de la ONU, haciendo un llamado a la justicia y la rendición de cuentas.

La Comisión enfatizó que hay mandatos que se solapan y una coordinación ineficaz. Entidades como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada por la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, cuentan mandatos duplicados.

Se estima que, si una de estas unidades inicia un proceso de búsqueda, tendría que coordinarse con alrededor de 60 otras autoridades nacionales y territoriales. Estas instituciones suelen trabajar en silos, dejando a las víctimas atrapadas "en callejones burocráticos sin salida".

El Comité, que ha compartido sus hallazgos preliminares con las autoridades colombianas, publicará un informe completo en abril de 2025. 

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