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Nuevo precedente para servidores que no responden derechos de petición: cargos a importante funcionaria
Investigación disciplinaria por omitir la entrega de una información clave que se le solicitó contrariando la Constitución en su artículo 23.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la expresidenta del Concejo de Fusagasugá, Cundinamarca, Blanca Yoli Reyes Carrillo (2020 – 2023), por terminar su periodo y presuntamente omitir dar respuesta a un derecho de petición que le fue formulado desde el 27 de julio de 2023.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá indicó que la solicitud le fue allegada a través de la página web de la entidad y, al parecer, la disciplinable no dispuso lo necesario para verificar el ingreso y poder así darle trámite y contestar lo pertinente en relación con la Secretaría de Movilidad.
El Ministerio Público señaló que aparentemente pasaron los 10 días siguientes a la recepción del requerimiento, sin que por parte de Reyes Carrillo se hubiera dado pronunciamiento alguno, el cual tenía número de radicado, lo que provocó que se excediera el término legal para atenderlo.
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En el expediente se le formulan cargos también a la entonces secretaria de la corporación, Lina Marcela Gómez Romero (2023), por supuestamente no poner en conocimiento de la concejala la llegada del derecho de petición para atenderlo y emitir la respuesta correspondiente.
Para el Ministerio Público, con su presunta actuación las servidoras habrían vulnerado el cumplimiento que debían darle a los principios de celeridad y economía y les faltó mayor diligencia y eficiencia en el ejercicio de sus funciones, por lo que de manera provisional calificó la posible conducta como falta grave cometida a título de culpa grave en ambos casos.
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