Ministro Montealegre defendió la Paz Total y criticó a Santos y Otty Patiño

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió el proyecto de ley que establece el marco legal para la implementación de la llamada Paz Total. Esta iniciativa, radicada ante el Congreso, contempla normas para facilitar la desmovilización y reintegración de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, mediante el otorgamiento de beneficios penales condicionados.

Según explicó Montealegre, las penas para los grupos armados oscilarían entre 5 y 8 años en privación de la libertad, mientras que los integrantes del crimen organizado tendrían derecho a rebajas de entre 40 % y 60 % de sus condenas. Para los jóvenes procesados durante las protestas sociales, como los de la primera línea, se contempla una rebaja del 70 %.

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El ministro destacó que el enfoque del proyecto se alinea con mecanismos de justicia premial, enmarcados en una estrategia contra el narcotráfico. “La primera llave la abre el Gobierno, al identificar qué grupos entran a negociación; la segunda, la Fiscalía, cuando se concreta el acuerdo y se establece el plan para el desmonte de la estructura”, señaló.

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Montealegre también cuestionó al expresidente Juan Manuel Santos por sus reparos al proyecto. “Los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra (...) si Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”, indicó, reconociendo el valor del proceso anterior, pero aclarando que no debe impedir nuevas alternativas de negociación.

Además, lanzó críticas al actual comisionado de Paz, Otty Patiño, por sus reservas frente al proyecto de sometimiento. “Es absolutamente inconcebible que Otty Patiño se convierta en un francotirador de la paz”, afirmó el ministro, insistiendo en que se necesita coherencia dentro del Gobierno para avanzar con las conversaciones.

La iniciativa del Ejecutivo será debatida durante el nuevo periodo legislativo que inició este 20 de julio, y ha generado posiciones encontradas tanto dentro del Congreso como entre sectores de la sociedad civil, que cuestionan si los beneficios propuestos garantizan verdad, justicia y no repetición.

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