Los chats que comprometen a Nicolás Petro en presunto entramado de corrupción

La Fiscalía General solicitó este martes una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico. Según el ente acusador, el hijo del presidente habría participado de un entramado de corrupción que direccionó contratos multimillonarios entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso) entre 2021 y 2022.

Durante la audiencia, la fiscal tercera adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos expuso una serie de pruebas que, a su juicio, evidencian que Petro Burgos no solo conocía el proceso contractual, sino que tuvo incidencia directa en la planeación, adjudicación y pago de los convenios. El exdiputado habría recibido beneficios económicos derivados de estos acuerdos, los cuales estaban destinados oficialmente a brindar orientación psicosocial a adultos mayores.

Entre los elementos presentados destacan conversaciones de WhatsApp entre Petro Burgos y su entonces pareja sentimental, Daysuris del Carmen Vásquez. En esos chats, el exdiputado solicitaba discreción y seguimiento de los pagos. “Van a entregar 240 millones de pesos”, escribió en uno de los mensajes revelados en la diligencia judicial. En otra conversación, insistía en mantener “reserva” sobre los avances del esquema de contratación.

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La Fiscalía sostiene que en este “acuerdo corrupto” existió una división de funciones entre contratistas, empresarios y el propio exdiputado, quien habría aprovechado su cargo, su capacidad de influencia y su apellido para direccionar los convenios hacia Fucoso y, posteriormente, apropiarse de recursos públicos.

El ente investigador imputó a Nicolás Petro Burgos los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado, tráfico de influencias, falsedad documental y falso testimonio. Durante la audiencia del 26 de noviembre, el exdiputado negó los cinco cargos.

Este proceso se suma al ya vigente en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, caso que se encuentra en su fase final de audiencias preparatorias para juicio.

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