Juez aclaró que no responsabilizó a la UNP por atentado contra Miguel Uribe Turbay

Un documento oficial del juez 37 de control de garantías de Bogotá, José A. Hofmann, emitido como respuesta institucional a una solicitud de aclaración elevada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), reveló los alcances precisos de sus intervenciones en una diligencia judicial relacionada con el atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 contra el senador Miguel Uribe Turbay.

La comunicación del togado, fechada el 9 de julio y divulgada por Caracol Radio, surgió en el contexto de una creciente controversia sobre la supuesta responsabilidad de la UNP en la seguridad del congresista al momento del ataque.

El episodio judicial se originó durante una de las audiencias preliminares del proceso penal que adelanta la Fiscalía contra seis personas señaladas de participar en el intento de homicidio del senador.

En dicha diligencia, el juez Hofmann consignó una constancia procesal que fue interpretada como una alusión a posibles fallas en el cumplimiento de las funciones institucionales de la UNP.

En particular, se mencionó la posibilidad de que algunos de sus funcionarios incurrieran en una omisión susceptible de ser investigada penalmente bajo la figura del prevaricato.

Dada la repercusión de estas afirmaciones, la UNP presentó un derecho de petición dirigido al juez, solicitando la precisión de su postura jurídica, al considerar que sus declaraciones podían dar lugar a interpretaciones sobre una eventual responsabilidad directa de la entidad en los hechos materia de investigación penal.

En el documento de respuesta, el juez indicó que las afirmaciones cuestionadas fueron realizadas en el marco de la intervención del abogado Víctor Mosquera, representante de las víctimas, quien expuso ante el despacho presuntas actuaciones deficientes por parte de la UNP en el manejo del esquema de protección asignado a Uribe Turbay.

Según Hofmann, su despacho no efectuó ningún pronunciamiento de fondo respecto de responsabilidades administrativas o penales, sino que se limitó a registrar las afirmaciones hechas por las partes intervinientes durante la audiencia.

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“La representación de víctimas en cabeza del abogado Víctor Mosquera planteó la actuación presuntamente negligente de la Unidad Nacional de Protección”, explicó el juez en su comunicación.

Añadió que su función consistió únicamente en dejar constancia de los planteamientos presentados, sin emitir una valoración jurídica sobre la conducta de los funcionarios señalados ni atribuir consecuencias jurídicas directas a la entidad.

“Jamás se pronunció de fondo respecto de la posible responsabilidad administrativa y/o penal de la Unidad Nacional de Protección. Hacerlo habría sido contrariar abiertamente el ordenamiento jurídico, empezando por el artículo 6 de la Carta Política”, precisó.

Hacia el final de su respuesta, el juez instó a todos los actores del proceso a actuar con mesura. “El despacho insta a los involucrados en este proceso a mantener la prudencia en este delicado asunto”, concluyó.

Esta exhortación ocurre mientras las autoridades judiciales continúan desarrollando las diligencias relacionadas con el caso, en el cual persisten interrogantes sobre la planeación, la ejecución del atentado y las medidas de protección vigentes al momento de los hechos.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay se registró el 7 de junio de 2025 en la ciudad de Bogotá. Desde entonces, el senador permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Fundación Santa Fe, con estado de salud reservado.

El ataque generó una respuesta inmediata por parte de la Fiscalía General de la Nación, que en cuestión de semanas presentó ante jueces de control de garantías a seis personas señaladas de haber participado, en distintos niveles, en la ejecución del crimen.

Entre los capturados figuran un menor de 15 años, presunto autor material del disparo, y Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, quien habría sido el conductor del vehículo desde el cual se perpetró el ataque.

También se encuentran vinculados al proceso William Fernando González Cruz, conocido como “El Hermano” o “El Viejo”; Katerine Andrea Martínez, identificada con el alias Gabriela y dedicada a la actividad de modelaje webcam; y Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, considerado presunto coordinador de la estructura delictiva implicada.

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